01 de Marzo de 2024
Edición 6916 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 04/03/2024
Lucas Manjón, coordinador de la organización "Bien Restituido"

"Donde estaba el crimen organizado se tiene que generar algo nuevo"

Lucas Manjon
Por:
Analía Zygier. Directora de Diario Judicial.
Por:
Analía Zygier. Directora de Diario Judicial.

El Crimen Organizado viene exigiendo un mayor compromiso en la aplicación de la ley penal. Las figuras de la asociación ilícita y el lavado de dinero ya son temas frecuentes en las investigaciones criminales y la sociedad sigue con atención estas maniobras que irrumpen con estridencia a través de los medios de comunicación. Ahora, la mirada está puesta en qué pasa cuando la Justicia debe ocuparse de hacer cesar los efectos del delito y además, recuperar los bienes adquiridos a través de esas maniobras ilegales
El juez federal Sebastián Casanello y otros miembros del Poder Judicial, junto a diversas organizaciones sociales, religiosas y sindicales impulsa un proyecto de ley destinado a darle un uso social a los bienes recuperados del crimen organizado. En diálogo con Diario Judicial Lucas Manjon, coordinador de “Bien Restituido”, contó detalles de la iniciativa.

 

Diario Judicial: ¿Cómo surge el proyecto de Ley de Administración y Reutilización Social de bienes cautelados y decomisados?

La idea surge desde el modelo italiano, que tiene un primer hito en Italia, en 1982 cuando se sanciona la Ley Rognoni - La Torre y en la cual se planteaba el decomiso de los bienes a las organizaciones mafiosas. El segundo gran hito ocurre en 1996 cuando la asociación Libera recolectó un millón de firmas y le solicitó al Parlamento Italiano que los bienes que se les quitaba a las organizaciones mafiosas sean reutilizados socialmente por el Estado y por la sociedad civil. Ese modelo se comenzó a exportar como buenas prácticas judiciales, sociales y del Estado en general para fundar un nuevo paradigma en la lucha contra el crimen organizado. En Argentina, el Proyecto Bien Restituido arranca en marzo de 2021 con el consorcio de organizaciones que encabeza Libera junto a ACIJ, Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico Di Argentina. Hoy se sumaron más de treinta organizaciones entre las que cuentan Caritas, DAIA, ACIERA, la CGT, las dos CTA, la UTEP, Schollas Ocurrentes, la RITEP, las asociaciones de jueces y fiscales -AJUFE, AFFUN, AMJA, JUFEJUS Y AAF- y una veintena de organizaciones más.


Dju: En los fundamentos dice explícitamente que la Ley 20.875 ha devenido en obsoleta. ¿Por qué es obsoleta? 

La ley es de 1974. Tuvo muy pocas modificaciones en estos casi cincuenta años y sólo modificaron pequeños detalles. En ese momento, cuando se sancionó la ley, el fenómeno del crimen organizado no es lo que hoy es. Creció exponencial y transversalmente en Argentina y el mundo. En ese momento no había elementos muebles e inmuebles como los que hay hoy en día y mucho menos, los diferentes elementos financieros y contables para esconder todos esos elementos. La política de qué hacer con los bienes en ese momento era venderlos, sacárselos de encima y esa ley que planteaba secuestrar pocas cosas determinaba que los bienes debían venderse en seis meses. Ese procedimiento sigue vigente, pero es imposible de aplicar por la cantidad de bienes que hoy en día la justicia secuestró y decomisó y tampoco tiene sentido la liquidación y la monitorización de todos los bienes. En primer lugar, porque el Estado subasta mal, muy mal, a precios muy inferiores a los del mercado. En segundo lugar, porque de esa manera no se logra una reparación simbólica, no se repara en la percepción y en la confianza del ciudadano respecto del Estado. En ese lugar donde estaba el crimen organizado se tiene que generar algo nuevo, de la mano del Estado y las organizaciones sociales, para reparar y para reconstruir ese pedazo de democracia maltrecha por la acción del crimen organizado. Por último, y el más importante, para reparar a las víctimas directas del crimen organizado.

 

Dju: ¿Tuvo tratamiento? ¿Se estuvo trabajando en comisiones o todavía no? ¿Qué expectativas tienen al respecto?

Se presento en diciembre de 2022 con la firma de más de 20 diputados de ocho partidos distintos, oficialismo y oposición. Todos ellos firmaron como coautores del proyecto. Por el momento, lamentablemente no se trató en la Comisión de Justicia que es la primera comisión por donde debe transitar. Esperamos que este año tenga un dictamen y un tratamiento en Diputados para que no se caiga el estado parlamentario, sino el año que viene volveremos a presentarlo con la perspectivas de que se apruebe lo más rápido posible para utilizar los recursos de la criminalidad organizada en diferentes proyectos sociales de todo tipo -como apoyar la ley RENABAP, que plantea la urbanización de los barrios populares- y para generar una administración eficiente y transparente de esta gran masa de recursos.

 

Dju: ¿Sin un proyecto de ley como viene actuando hasta ahora la Justicia Federal en cuanto a bienes decomisados?

Es bastante anárquico y contradictorio sobre las pocas normativas que hay. Está la Ley 20.875, hay acordadas de la Corte, hay decretos presidenciales que son contrarios o supletorios de las acordadas de la Corte. También están las leyes que se superponen. Lo manejan de la manera que pueden. En algunos casos se tiene mucha voluntad de poder darle un cuidado y uso eficiente a esos recursos que se logra recuperar, en otros casos no, se manejan muy mal y en otros se encuentran teniendo que administrar de golpe 30 autos, 5 casas, 2 campos, todos en distintas localidades y provincias diferentes. Hay muy buenos ejemplos en donde la Justicia con la asistencia de la AABE ha logrado reutilizar edificios, campos y casas de la mano de organismos del Estado o de organizaciones sociales. Tenes ejemplos virtuosos en Mar del Plata, en Pilar, en CABA, en Chaco, son varias las experiencias, pero depende de la voluntad y la energía de los funcionarios y las organizaciones.

 

Dju: ¿Este proyecto, en qué mejoraría la situación actual? 

El proyecto le aportaría en primer lugar organización. Hoy no hay un registro unificado de cuántos bienes hay cautelados y/o decomisados en la Justicia Federal. No hay una institución que los administre, que los conserve y que pueda disponer racionalmente qué hacer con esos bienes. En segundo lugar, transparentaría la administración. Hoy los bienes pueden ser reutilizados por diferentes organismos del Estado u organizaciones sociales, pero depende de la voluntad individual de diferentes instituciones como un Juzgado Federal, la Corte Suprema u organismos diversos del Poder Ejecutivo. En tercer lugar, se podría orientar eficiente e inteligentemente el uso de un miles y miles de recursos en beneficio directo de las víctimas y de la sociedad en general. 

 

Dju: ¿Qué casos de disposición de bienes secuestrados puede ser relevante incluso sin todavía la existencia de la ley todavía?

Hay varios, por ejemplos un edificio en Mar del Plata va a ser utilizado para que la gente en situación de calle en estos momentos pueda tener un lugar confortable en donde pasar el invierno. El prostíbulo más emblemático de Mar del Plata hoy es un centro cultural y de acompañamiento para las personas LGTBIQ+ que sufrieron violencia. La UBA, por ejemplo, se encuentra investigando en campos que antes eran de narcotraficantes. Donde antes se vendía drogas en CABA hoy funciona un comedor y una guardería que llevan adelante los curas villeros. En otro centro del narcotráfico en CABA se armó un Centro de Formación Profesional. El helicóptero con el cual se intentó llevar adelante una fuga en la cárcel de Ezeiza hoy está en Salta siendo utilizado como material de estudio en una escuela técnica. En Entre Ríos hay vehículos que se destinaron a programas contra la trata de personas. Para tener noción del volumen y los montos, dentro de la causa conocida como "Mafia de los contenedores" el juzgado interviniente autorizó la entrega de casi 300.000.000 de dólares en mercaderías con destino a entidades de bien público, entre ellas Cáritas. Son todas causas grandes y complejas, por ejemplo, la causa que lleva el juez Aguinsky tiene cerca de 200 imputados. Los jueces son muy conscientes de que su labor tiene una trascendencia que supera la de sólo resolver situaciones procesales y los ciudadanos están atentos a cómo el producto del delito se vuelve transformado en acciones de utilidad pública.

 

Causa 529/2016 JPE Nro. 6 "Mafia de los contenedores" 
Video gentileza AFIP.


Dju: ¿Cómo está Argentina en relación con otros países con respecto a este tema?

Algunos países de la región tienen ya una perspectiva de llevar este tipo de paradigma adelante y algunos lo hacen. Perú y Bolivia lo empezaron a desarrollar respecto al narcotráfico y están pensando en incorporar la perspectiva de reutilización social. Costa Rica está muy avanzada en esta perspectiva ya que cuenta con una agencia que rápidamente dispone de las facultades para llevarlo adelante. En Europa se emitió una recomendación normativa para que todos los países adopten este tipo de política. Obviamente Italia está muy avanzada. Francia está modificando sus leyes para concretar este tipo de política. Rumania, Albania tienen agencia para el manejo de esos bienes. España y Países Bajos han llevado adelante practicas esporádicas pero virtuosas de reutilización social de bienes.


Dju: El proyecto prevé una Agencia Federal de Bienes Cautelados y Recuperados, también un cuerpo de especialistas contables, abogados, especialistas en administración de empresas y otros tipos de profesionales para la administración de los bienes decomisados. También habrá un Consejo Federal Asesor. ¿De dónde va a salir el presupuesto para toda esta estructura? ¿Del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de los mismos bienes recuperados? ¿La Corte tiene algún lugar en todo esto?

El presupuesto debe salir de la propia Agencia. La masa de recursos es suficiente para sostener con recursos propios a la Agencia como para así también garantizar la correcta administración y conservación de los bienes. Además, se pretende que la Agencia sea un nodo de interrelación entre los diferentes organismos del Estado y las organizaciones sociales lo cual no debe generar una planta enorme de personal para llevar la misión de la Agencia. La Corte debiera formar parte de la Agencia junto a otros sectores del Estado. Nosotros prevemos que la Corte como el Ejecutivo, el MPF y las organizaciones sociales deben integrar la Agencia. Entendemos que se debe trabajar en conjunto -Estado y organizaciones- para fijar las políticas que pueden hacer frente a un fenómeno como el crimen organizado que es social, no solo judicial.   



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