La Cámara de Diputados recibió un proyecto para establecer un procedimiento sucesorio en sede administrativa y generó el repudio de manera unánime del sector del derecho. Qué dicen los letrados.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz presentó un proyecto que apunta a establecer un procedimiento sucesorio en sede administrativa, para los casos en los que no haya cuestiones contenciosas.
La propuesta busca “facilitar el trámite sucesorio a la población evitando costos, simplificando trámites y acortando plazos mediante la utilización de la estructura estatal a su servicio”.
La noticia revolucionó el mundo jurídico y distintas organizaciones, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) que emitió un comunicado donde aseguró que "el traspaso de los procesos sucesorios de la órbita judicial a sedes administrativas atenta contra la seguridad jurídica y el interés de la ciudadanía a actuar en base a la certeza y legitimación de sus derechos reconocidos por los jueces y juezas, únicos investidos de facultades jurisdiccionales".
"Desde la abogacía organizada de todo el país instamos a los señores diputados a desechar liminarmente el proyecto en cuestión resguardando del tal modo el interés general".
La iniciativa fue presentada en 2022 por el legislador Francisco Sánchez, pero recibió fuertes críticas del sector abogadil. El nuevo texto, por su parte, propone un Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) en donde la determinación de los herederos se realice a través de la emisión de un certificado sucesorio extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suscripto por un funcionario público.
Por otra parte, desde la Asociación Abogados del Fuero manifestaron "una alarmante preocupación un enfático y absoluto repudio al proyecto de Ley del diputado Tetaz respecto a transformar el proceso sucesorio judicial en un procedimiento administrativo".
"Por sobre la inconstitucionalidad, y los débiles argumentos esgrimidos en sus fundamentos, queda de manifiesto el objetivo real de la absurda pretensión: que el Poder Ejecutivo perciba las tasas de justicia y que todos los bienes tributen, incluso los muebles no registrables y las divisas", advirtieron.
En ese marco, los letrados agregaron que "el proyecto infiere que la Justicia presta un servicio deficiente, pretendiendo que la administración pública es un órgano efectivo y despojado de ineficiencias y/o corrupción. Como contrapropuesta, desde nuestra asociación profesional, en aras de poder lograr que efectivamente el proceso sucesorio resulte más económico para la ciudadanía, planteamos la necesidad de que dejen de existir gravámenes a la transmisión gratuita de bienes, como así también los altos costos que perciben los Registros para la inscripción de los bienes muebles e inmuebles".
La falta de intervención letrada en el procedimiento administrativo propuesto, denota que el proyecto del diputado para un supuesto recorte de costos, en realidad, lo único que logra es prescindir de la defensa jurídico técnica de la sociedad, misión que tenemos los/as abogados/as en un estado de derecho", remarcaron.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) también reaccionó a la iniciativa y aseguró que "la potestad jurisdiccional es exclusiva de los jueces designados de acuerdo a la Constitución Nacional y de ningún modo puede ser sustituida".
"La importancia del proceso sucesorio y de los derechos en juego deben estar garantizados mediante la máxima seguridad jurídica, que sólo los jueces pueden otorgar", agregaron desde la institución presidida por Ricardo Gil Lavedra, por lo que "exhortamos a las autoridades legislativas para que no progrese el tratamiento del proyecto 1762-D-2023".
Los detalles del proyecto
La iniciativa fue presentada en 2022 por el legislador Francisco Sánchez, pero recibió fuertes críticas del sector abogadil. El nuevo texto, por su parte, propone un Procedimiento Administrativo Sucesorio (PAS) en donde la determinación de los herederos se realice a través de la emisión de un certificado sucesorio extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) suscripto por un funcionario público.
“La descongestión de los tribunales de materias que le son ajenas, por no ser contenciosas, constituirá uno de los beneficios colaterales de esta ley, porque incidirá en mejorar la administración de justicia. Los magistrados judiciales tendrán mayor disponibilidad de tiempo para abocarse a dirimir conflictos entre partes adversas; habrá menos expedientes para la misma cantidad de jueces e idéntico presupuesto”, indica la propuesta reflotada por Tetaz.
En sus fundamentos, el legislador señaló que también “menos kilos de papel arrumbado en los pasillos de Tribunales” y que reduce los costos para los herederos al “presentarse al Estado para validar su calidad y realizar las notificaciones correspondientes sin intervención de intermediarios”.
Y concluyó: “No se puede mantener la situación actual, donde se tiene que abonar un porcentual de los bienes del causante en concepto de tasas de justicia, sellados de actuación, cajas profesionales y honorarios para ser declarado heredero, para acreditar el vínculo entre un causante y sus descendientes o ascendientes y eventualmente su cónyuge sin mediar controversia”.