"La justicia y el nuevo presidente" - Reportaje a Oscar Salvi

“Acá no va a haber decapitaciones masivas, ni juicios políticos masivos”.

El nombre de Oscar Salvi está asociado con es imagen de “tabla de salvación” de Carlos Menem, cuando el ex mandatario quedó detenido por orden del juez federal Jorge Urso, en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Salvi también lo acompañó a La Rioja en los festejos por su liberación y parecería ser que en ese paisaje quedó sellada la promesa y la confianza en este hombre que fue juez federal y se reconoce como del riñon de la Justicia.
Ante la posibilidad de ser designado para el cargo, en caso de un triunfo de Menem en el ballottage del 18 de mayo, Salvi advirtió que “no va a haber decapitaciones masivas” de miembros de la Corte, tratando de diferenciarse de la “traumática” relación que mantuvo en su primer etapa el gobierno de Eduardo Duhalde, “ni juicios políticos masivos” de jueces incluyendo al propio Urso, a quien le transmitió “tranquilidad” porque “jamás al doctor Menem se le ocurriría perseguirlo a través de un pedido de remoción”.
“A nadie se le ocurre que el doctor Menem pueda poner en crisis la estabilidad de los jueces .Queda absolutamente demostrado que no, porque ha aceptado pacientemente veredictos contrarios cuando era gobernante y cuando no lo era”, afirmó Salvi quien reforzó esa idea al señalar que “si los jueces tienen alguna preocupación con Menem tienen que sacárselo de la cabeza, que acá no va a haber decapitaciones masivas, ni juicios políticos masivos”.
Respecto del frustrado proceso de Juicio Político contra los miembros de la Corte que se intentó a comienzos de la gestión Duhalde, Salvi fue tajante al calificarlo como de “un verdadero atentado a la independencia de poderes, porque por razones políticas se trató de destituir a los nueve ministros de la Corte”.
También advirtió que la imagen de la llamada “Corte menemista” o la “mayoría automática que se endilgó al máximo tribunal “es absolutamente desmentible a través de los fallos de la Corte”, y que la composición de la Corte sólo se debe modificar por la vía cronológica, a partir de la edad y el retiro de sus integrantes.
En materia de Derechos Humanos, el candidato a suceder a Juan José Álvarez sostuvo que en caso de asumir la titularidad de la cartera, que incluye esa área, “vamos a tratar de borrar el concepto ideológico que (los derechos humanos) le pertenecen a un sólo sector, que es a la izquierda, como también extender el concepto de derechos humanos hasta los descendientes de los policías que mueren por defendernos.

Diariojudicial.com: Existe la posibilidad que asuma en la cartera de Justicia en caso de un triunfo de Menem ¿Cual sería una forma de dinamizar la justicia, cual sería la política a instrumentar en el área en términos generales?.

Oscar Salvi: No puedo dejar de reconocer que ha habido un equipo técnico que ha trabajado para el doctor Menem de casi un año a esta parte, encabezado por Fernando García Pulles, que han ido proyectando una reforma que es difícil de explicar en pocas palabras. Desde mi opinión personal puedo hablar de la necesidad de que en la Argentina, de una vez por todas haya estabilidad que para mi supone tocar las leyes lo menos posible. Tiene que haber un período en que las leyes tengan características de las cuales hasta el Código Penal se ha visto privado, que reconoce tantas modificaciones en los últimos años. Son muchas más las que se hicieron en los últimos cinco o seis años que las que se hicieron desde el año "21 a esta parte .

DJU:¿Habría entonces que ordenar el sistema jurídico?

OS: Primero habría que terminar con esta manía legiferante que tiene la Argentina, donde se trata de penalizar todo. Hoy el Código Penal Argentino debe ser record en el mundo por la cantidad de delitos que tiene. Esta es una posición personal mía, si estamos hablando que todos quieren reformar la Constitución y la Constitución Nacional tiene recién siete años de vigencia, evidentemente hemos perdido el rumbo. Para saber si una Constitución es buena, eficaz o no, hay que dejarla estar por los menos diez años. Dentro de tres o cuatro años tendremos un panorama mucho más certero de qué es lo que ha pasado. Fíjese que yo estaba leyendo un artículo que decía que paradójicamente la Argentina tiene una Constitución con un contenido socialista que fue sancionada en una época de un neoliberalismo. La Carta Magna y el Código Penal en ese orden tienen que ser lo más estable posibles. Lamentablemente en la Argentina hay una manía legiferante que hace peligrar justamente el principio de que la Ley se reputa conocida por todos. Hoy en día hasta los abogados tenemos serias dudas respecto de cuáles son las disposiciones vigentes. Si los abogados tenemos serias dudas respecto de la vigencia de determinadas leyes cómo vamos a seguir manteniendo esta ficción de que la Ley se reputa conocida por todos. Obviamente hay que poner el acento que la Justicia sea más eficaz apuntando legislativamente con una sola ley (para modificar en el Código) que es la que declara la Emergencia de la Seguridad en la Argentina.

DJU:¿En ese contexto cuál deberá ser el rol del ministerio de Justicia?

OS: Hasta algunos abogados creen que el ministro de Justicia es el jefe de los jueces. El ministro de Justicia no es nada más que el interlocutor natural entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respecto de lo que son las políticas comunes dentro de la independencia de poderes que existe y nada más que eso. Obviamente, tiene que ser el vehículo conductor de las inquietudes de los jueces respecto de las cuestiones presupuestarias, las necesidades de reformar determinadas leyes y sobre todo basado en la experiencia de los jueces, pero nada más que eso. A nadie se le ocurre que el doctor Menem pueda poner en crisis la estabilidad de los jueces. Queda absolutamente demostrado que no, porque ha aceptado pacientemente veredictos contrarios cuando era gobernante y cuando no lo era. Si los jueces tienen alguna preocupación con Menem tiene que sacárselo de la cabeza, que acá no va a haber decapitaciones masivas, juicios políticos masivos. Estoy hablando a nivel legislativo respecto de la Corte Suprema y mucho menos instar al Consejo de la Magistratura a que lo haga.

DJU:¿Podría entenderse como una referencia a un hecho que los tuvo como protagonistas a usted y a Menem en relación con el juez federal Jorge Urso, en la causa “armas”, ya que fue él quien ordenó su detención y usted fue el abogado defensor del ex presidente?.

OS: Por supuesto. Vamos a aceptarle aún los errores al doctor Urso, porque no por discrepancias jurídicas uno puede intentar la remoción de un juez. Si el doctor Urso tiene que dejar de ser juez no será seguramente por la causa que llevó adelante con el doctor Menem, sino por los errores que pueda o no haber cometido en otras causas y que no lo acrediten como buen magistrado. Si es sayo llevar una tranquilidad para el doctor Urso, digamos que jamás se le ocurriría al doctor Menem perseguirlo a través de un pedido de remoción.

DJU: Otro tema importante, sino el central, es el tema de la Corte Suprema de Justicia. La gestión Duhalde se inició con un vinculo traumático cual fue el pedido de juicio político para todos sus integrantes ¿Cuál sería la posición en torno al tema?.

OS: Eso fue un verdadero atentado a la independencia de poderes, porque por razones políticas trató de destituir a los nueve ministros de la Corte, plagado de groserías jurídicas, porque en definitiva se pidió el enjuiciamiento por la intervención de los ministros en causas donde habían votado "blanco" , "negro" y "gris", respectivamente. Eso fue el verdadero atentado y más que nada porque fue inmediatamente después que este gobierno recibiera un fallo que iba en contra de sus aspiraciones, que era el respeto de los derechos de los ahorristas en el “caso Smith”. Inmediatamente reacciona el gobierno pidiendo la destitución masiva de los nueve ministros de la Corte. Si podían ser enjuiciado individualmente tendrían que haber acreditado los motivos. Las discrepancias jurídicas que uno pueda tener de ninguna forma hacen a la viabilidad de un pedido de enjuiciamiento. Me parece una locura.

DJU: En ese esquema qué manejan los equipos, ¿Se prevé alguna forma de superar la imagen que hubo durante los dos gobiernos de Menem respecto de las relaciones con la Corte?

OS: Yo creo que esa imagen (la de la llamada “Corte menemista” o la “mayoría automática) es absolutamente desmentible a través de los fallos de la Corte. Dígame en qué fallos la Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló algo absolutamente ilegal o dudoso. Yo no he visto nada, y por otro lado en todo el mundo se sabe que la Corte, además de jurídico, es un tribunal que tiene características políticas, que acompaña o no -normalmente acompaña- el quehacer del Poder Ejecutivo y nadie se rasga las vestiduras. ¿O acaso la Corte Suprema de Justicia de la que estamos hablando le llevó una oposición sistemática al doctor De la Rúa?. Al contrario, lo acompañó en sus fallos. ¿Y si era como dicen "menemista", entonces qué, dejó de ser menemista y pasó a ser delarruista?. Yo creo que ese fue un latiguillo que utilizó la prensa que obviamente siempre se dedicó a fustigar a Menem. Que me digan un caso concreto en que sea cuestionable lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, o de un fallo que a todo el mundo le parezca aberrante. Nómbremelo porque yo no lo encontré.

DJU: Entonces no habría razón por la cual pensar que la Corte tendría que modificar su composición?

OS: Yo creo que necesariamente la Corte va a modificar su composición por una cuestión cronológica, del tiempo y la edad de los magistrados. Quiero aclarar que para mi un hombre que está en las antípodas de mi pensamiento, jurídico por supuesto, no a nivel de respeto, es el doctor Carlos Fayt a quien respeto, pero por sobre todo veo que está siendo víctima de un nuevo acoso por un absurdo. El doctor Fayt tiene ochenta y pico de años ya y ha sido un digno magistrado, ha sido designado por el doctor Alfonsín, pero lógicamente el período de vida del doctor Fayt en la Corte es mínimo ahora. Hay que esperar la renovación natural de la Corte.

DJU:¿Cuáles –si las hay-- deberían ser las reformas en el Consejo de la Magistratura y la Oficina Anticorrupción?

OS: El Consejo de la Magistratura me parece una superestructura que le cuesta demasiado dinero al Estado. No estoy directamente sugiriendo que habría que suprimirlo ni nada por el estilo. Me parece por ejemplo que el jurado de enjuiciamiento no debería estar constituido en forma permanente, por los costos que supone, sino que se debería constituir "ad hoc" y cada vez que le toca juzgar a un magistrado. Designar a un juez le sale al Estado lo mismo que va a cobrar un juez por los 25 años que trabaje más su jubilación. Para achicar esos costos del Consejo, mi idea es que el jurado de enjuiciamiento sea convocado para cada caso concreto y que sean cargos "ad honorem" y respecto del Consejo de la magistratura yo no se si tendrían que ser cargos de la misma naturaleza.

DJU: ¿Y respecto del criterio de selección de los jueces?

OS: Hay un tema que para mi me parece gravísimo error del Consejo de la Magistratura, cual es esta idea que tienen de privilegiar en caso de empate al juez que haya sido designado por el proceso de ellos (de selección a partir de la creación del Consejo) que al que tenga designación previa (por el Congreso de la Nación). Esto me parece una locura, es violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional, porque por qué vamos a objetar a los magistrados que fueron designados con el acuerdo del Senado de antes y designados por el Poder Ejecutivo. Se supone una especie de tacha. Tienen que estar en paridad de condiciones. Me parece que el Consejo de la Magistratura está cometiendo una arbitrariedad.
Creo que hay que ajustar más el proceso de selección. No puede ser que haya tantas entrevistas y que se vaya modificando a través de las entrevistas, porque ahí empieza a jugar el ojo. Creo que hay que darle decisiva importancia al examen y a los antecedentes. Después lo de la entrevista, que ha sido usada para bajar a unos y subir a otros en la terna, me parece un tema que hay que corregirlo porque se presta a la arbitrariedad.

DJU: ...Y la Oficina Anticorrupción?

OS: Me parece que es un organismo que no tiene ningún sentido que coexista con la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Para mi hay que unificarlas porque es un costo innecesario. No se trata de dejar cesante a los actuales funcionarios, sino que vayan todos a la Fiscalía, uno u otro, porque así se superponen las tareas.

DJU: ¿En qué consiste la Ley de Emergencia de Seguridad?

OS: Fundamentalmente, facultar al Poder Ejecutivo para que haga todas las reformas rápidamente, a través de decretos, para unificar los criterios de las fuerzas y concentrar las facultades. Estoy hablando de las Fuerzas Armadas, Prefectura, Gendarmería, de la Policía, del Servicio Penitenciario Federal, siempre con control bicameral. La idea sería la de poder volcar a la investigación de delitos –estoy hablando concretamente de fuerzas de Seguridad-- a todo el personal que tengan disponible y para la fase administrativa, que lleva entre un cuarenta y un cincuenta por ciento de los efectivos, disponer el traslado de empleados públicos de otras reparticiones que no sean necesarios para aquellas tareas, como las actas de choques, las exposiciones por pérdida de documentos, etc.
Después también habría que evitar el traslado de detenidos y utilizar parte de las dependencias carcelarias para las indagatorias. El traslado de detenidos lleva al personal que se dedica a eso a estar indisponible para sus tareas específicas durante las dos terceras partes del día. Hay que terminar con los presos en las comisarías, facultar al Poder Ejecutivo que utilice edificios públicos suficientemente equipados para (alojar) procesados. A los peligrosos, los mandamos a cárceles de máxima seguridad y a los otros los tenemos en establecimientos públicos, porque al Estado les sobran y los podrían destinar para eso. Entonces usted libera del rol de carceleros a los policías. La policía está para prevenir los delitos y hay que volcar la policía a la calle.

DJU:¿Esto implicaría un incremento presupuestario?.

OS: Estas medidas no necesitan ningún costo extra e inmediatamente van a redundar en beneficio de la seguridad. El mapa del delito es tremendo y yo me pregunto cómo puede ser que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (Felipe Solá) diga que no hay un recrudecimiento de la actividad delictiva, mientras que el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich diga que tiene tres secuestros por día y el juez federal de Lomas de Zamora diga lo mismo.

DJU: ¿Cuál será la política en materia de Derechos Humanos?

OS: Vamos a tratar de borrar primero la concepción ideológica que los derechos humanos son exclusivos de un solo grupo en este pais. Vamos a abogar -- si bien es una concepción que atiende a los ciudadanos nada más y que no tiene nada que ver con las fuerzas de seguridad – por terminar con esto de que la sangre que más rápido seca es la de los policías. Hoy en día hay un verdadero atentado a la vida en la Argentina en la persona de los que tienen que cuidarnos a nosotros. Nadie se ocupa de ellos ni de sus familias. Un policía se muere, deja cuatro o cinco hijos y nadie se preocupa por los derechos humanos de esas víctimas y de sus descendientes, se los condena a la miseria, porque en definitiva los ascienden pos mortem y en vez de cobrar la pensión de cuatrocientos pesos cobrarán cuatrocientos cuarenta pesos, y es un tipo que dio la vida por la sociedad. Vamos a tratar de borrar el concepto ideológico que (los derechos humanos) le pertenecen a un sólo sector, que es a la izquierda, como también extender el concepto de derechos humanos hasta los descendientes de los policías que mueren por defendernos.

DJU: Usted habla de la inconveniencia de reformar la constitución ¿En el marco de los derechos humanos cómo ve usted la incorporación de los tratados internacionales en la Carta Magna, en 1994?.

OS: Yo nunca estuve muy de acuerdo con eso. Creo que fue una introducción un poco masiva de los tratados y no se hizo un estudio apropiado de cuáles eran las disposiciones que chocaban con (las leyes) internas. A nadie se le ocurriría hoy en día estar afuera del marco internacional, entonces ya está y no se puede tocar más. Ahora tenemos que ir tratando de adaptarnos a las necesidades.

DJU: Sin pensar que un tercer gobierno de Menem implique un continum o un sólo gobierno ¿Cuáles serían las cosas que habría que corregir en las relaciones entre gobierno y Justicia?.

OS: Yo creo que el gobierno de Menem se caracterizó por respetar todas las decisiones de la Justicia. No veo que nunca haya desconocido disposiciones de ningún juez. Acá, jueces han ordenado cosas absurdas y se cumplió a rajatablas. No creo que ningún juez se haya sentido apretado nunca para tomar decisiones. De todas maneras creo que la justicia tiene que empezar a hacer su "mea culpa", tiene que empezar a purificarse sola, cosa que ha empezado a hacer. Hay muchos magistrados que se sienten tocados por ese desprestigio colectivo que les ha llegado y ahora han empezado a purificarse a través de las denuncias, las investigación de los propios colegas que es implacable. No hay peor para un juez que otro juez. Yo creo que el Poder Judicial ha madurado mucho en estos últimos años, se han dado cuenta que es necesario purificarse y sacar a los malos, que son los menos.
Acá lo que mas se ha cuestionado es la Justicia federal porque los temas son los mas calientes, los mas politizados y los más mediáticos, y así como le puedo garantizar que desde la órbita del Poder Ejecutivo no va a haber interferencias sobre el Poder Judicial, también me voy a encargar de que el Poder Judicial no interfiera en los actos exclusivos del Poder Ejecutivo, cosa que ocurre en cuestiones políticas que no son judiciables, como es el caso de los fiscales federales que están investigando el nuevo delito que sería el de."inundicidio", el de las inundaciones de Santa Fe, la responsabilidad del gobernador de Santa Fe, sin ser competentes, ya que esta vedado por el Código de Procedimientos y por la Constitución Nacional. No tienen competencia y esa es una clara invasión a la Justicia provincial.