19 de Abril de 2024
Edición 6949 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/04/2024

El allanamiento se llevó la confianza

Un trabajador inició una demanda laboral por considerar el despido apresurado y arbitrario, sin embargo la empresa alegó pérdida de confianza ya que el empleado fue detenido y de un allanamiento se secuestraron elementos que no le pertenecían. La Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó el rechazo de la acción porque los hechos revestían la gravedad para considerarse una injuria.

Un trabajador despedido con justa causa interpuso una demanda laboral contra la empresa empleadora, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Lomas de Zamora, donde planteó que trabajó desde 2001 en forma initerrumpida hasta 2012 momento en que fue despedido. Alegó que en esa oportunidad desempeñaba tareas en el Aeropuerto de Ezeiza con horarios rotativos y turnos de doce horas como operador de equipos, remolcando aviones con grúa tractor, así como la carga y descarga de equipajes y contenedores.

Luego de ello, ante una denuncia se desencadenó un operativo policial en el cual fue detenido junto a varios empleados de la empresa y de otras firmas, al mismo tiempo que se realizaron allanamientos en diferentes puntos entre ellos su domicilio particular, esta situación hizo que automáticamente la empresa lo desvinculara alegando la pérdida de confianza e incumplimiento de deberes como trabajador.

Sin embargo, como la pérdida de confianza requiere de un hecho objetivo que demuestre la mala fé del trabajador que debe estar consignado en la misiva para que el mismo pueda defenderse, como en la carta documento que lo despide no se agregó dicha información, consideraba que el despido fue injustificado, apresurado y arbitrario, por lo cual reclamó un monto superior a los 300 mil pesos.

Ya iniciados los autos “D., M. A.l J. c/ Intercargo SAC s/ despido”, la compañía contestó rechazando la demanda, puesto que se trabada de un despido justificado, por incumplir la obligación genérica del art. 62 de la LCT, y que pese a existir en su legajo varios pedidos de explicaciones por diferentes situaciones que no derivaron en sanciones por la buena fé de la empresa, sostuvo que la existencia de un procedimiento penal que involucraba al empleado y el hecho de que en el allanamiento realizado en la casa del trabajador se encontraron elementos que no le pertenecían al mismo, todo ello motivó la pérdida de confianza, independientemente del resultado de la causa penal.

 

 

El expediente penal culminó con una suspensión de juicio a prueba, ... donde el trabajador estaba acusado de formar parte de una asociación ilícita con la finalidad de desviar mercadería que debía someterse a control aduanero, lo que los camaristas consideraron como una causal suficiente para ser considerado factor constitutivo de injuria.

 

 

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda, con costas por encontrar ajustada a derecho la decisión de la firma, al configurarse “plenamente” la causal invocada, porque lo acontecido fue lo suficientemente grave para que la actora no consienta la prosecución del trabajo, lo que invocó en la primera carta documento.

Apelada la decisión, el expediente escaló a la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, en donde los magistrados Cesar Álvarez y Jorge Eduardo Di Lorenzo, confirmaron la sentencia, ya que “para que la pérdida de confianza en el trabajador pueda considerarse factor constitutivo de la injuria, ese factor subjetivo debe derivar en un hecho objetivo que injuriante por sí mismo, se ve agravado por la pérdida de confianza que tal hecho traiga aparejada”.

En el caso se acreditó que con el allanamiento “le fueran secuestrados distintos elementos tales como GPS, relojes varios, cámara filmadora, lector de memoria, etc.” y que se le retuvo la credencial otorgada por al Policia de Seguridad Aeroportuaria inhabilitándolo para el servicio, y el expediente penal culminó con una suspensión de juicio a prueba, luego de que se dicte el auto de elevación a juicio, donde el trabajador estaba acusado de formar parte de una asociación ilícita con la finalidad de desviar mercadería que debía someterse a control aduanero, lo que los camaristas consideraron como una causal suficiente para ser considerado factor constitutivo de injuria.

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