La Cámara de Diputados mendocina comenzó a tratar un proyecto para crear un “Fuero Ambiental” dentro del Poder Judicial. Los legisladores le pidieron una opinión a la Corte provincial.
La Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados de Mendoza avanzó con el proyecto de ley que crea el “Fuero Ambiental”, como órgano especializado en la materia.
El texto, impulsado por el legislador Emiliano Campos (UCR), busca la “adecuada gestión político-gubernamental del ambiente para los innumerables conflictos sobre la materia, al implementar y facilitar los mecanismos de acceso a la justicia e información pertinente”, garantizando así una “efectiva tutela del ambiente#.
El proyecto prevé la creación de “un juzgado de primera instancia provincial con su respectiva secretaría. Según el índice o complejidad de litigiosidad que presente cada juzgado, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza podrá disponer la creación de otras secretarías”.
También se propone la creación de una “Cámara de Apelaciones en lo Ambiental que actuará como Tribunal de Alzada ante las sentencias que dicten los Juzgados de Primera Instancia Ambiental”.
Asimismo, se prevé la existencia de una “Fiscalía Ambiental, ante los Juzgados Ambientales y órganos jurisdiccionales con competencia penal”, junto con un “Cuerpo de Investigación Científica, formado por profesionales idóneos que asistirán técnica y profesionalmente a los Fiscales Ambientales”.
Para continuar con análisis de la iniciativa, la Comisión decidió pedirle una opinión a la Suprema Corte de Justicia Mendoza.
“La conflictividad por cuestiones ambientales, experimenta en nuestros días, un aumento exponencial que invita a pensar, una y otra vez, si los canales institucionales existentes son los apropiados para atender estos problemas o si en cambio, necesitamos crear nuevas ingenierías institucionales para contenerlos”, fundamentó el legislador.
Y continuó: “La creación del fuero ambiental, implica en los hechos, un cambio fundamental en la administración de justicia, pues la misma no se encuentra capacitada para dar pronta y adecuada respuesta a los problemas de contaminación y afectación de derechos ambientales fundamentales que hoy aquejan a la sociedad mendocina.; sin embargo, en estos momentos, ni el sistema procesal ni los jueces designados, menos aún el Ministerio Público Fiscal, se encuentra en condiciones de dar una respuesta expedita, congruente, ajustada a derecho y acorde a la legislación ambiental nacional y provincial vigente, para dar solución concreta a los diversos problemas existentes en tal materia”,
Para continuar con análisis de la iniciativa, la Comisión decidió pedirle una opinión a la Suprema Corte de Justicia Mendoza.