19 de Junio de 2024
Edición 6990 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/06/2024

Ganancias: lucha cuerpo a cuerpo

La Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto de Presupuesto 2023, cuyo punto más discutido es la incorporación del artículo para que todo el personal del Poder Judicial pague el Impuesto a las Ganancias. Fuerte rechazo de funcionarios y magistrados de todo el país. Cronología de una jornada marcada por el paro de judiciales y expectativa de cómo se votará.  

La Cámara de Diputados inició esta tarde la sesión especial para debatir el proyecto de Presupuesto 2023 con algunos artículos que dividen aguas entre las distintas fuerzas, como la incorporación del Impuesto a las Ganancias para todo el personal del Poder Judicial, más allá de su año de ingreso.

Impulsada por el Frente de Todos, la sesión comenzó a las 13:45 y se prevé un debate de 20 horas, con lo cual la votación en general se produciría a la madrugada, para luego avanzar con los artículos en particular. 

El punto que preocupa a los judiciales es la modificación del inciso “a” del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias sostiene que constituyen ganancias de cuarta categoría "las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos".

"En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones", agregó el proyecto. 

Asimismo, se modificó el inciso "c": "de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación". 
 

Abogados molestos con el paro

En simultáneo al comienzo del debate, los judiciales realizaron un paro este martes en rechazo a la medida y de manera sorpresiva desde el sector de los abogados llegaron las primeras críticas. Así fue el caso de los cinco Colegios de Abogados de Santa Fe que consideraron a la medida de fuerza "un acción desmedida, dado que ello constituye una denegación al acceso a la justicia para la ciudadanía, privándosela de un servicio esencial que sostiene con el pago de sus impuestos".

Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe le dijo a Diario Judicial que "en virtud del principio de igualdad, los integrantes del Poder Judicial no pueden quedar exentos de cumplir con las obligaciones de carácter tributario impuestas al resto de la ciudadanía. Mantener dicha dispensa, constituye un privilegio inadmisible, que no se condice con el funcionamiento saludable de las instituciones de la República".

"Resulta impropio vincular la independencia con la cuestión en debate, puesto si un magistrado dicta sentencias o adopta  resoluciones motorizado por cuestiones económicas de índole particular, debería ser destituido por violentar los valores de nobleza, integridad, decencia y aptitud que deben poseer los que llevan adelante la excelsa misión de impartir justicia", agregó el santafesino.
 

Los principales argumentos en contra

Tal como adelantó Diario Judicial, la modificación cayó como un "baldazo de agua fría" en el sector de los magistrados, funcionarios y empleados. Rápidamente, la Asociación de Magistrados se reunió con los ministros de la Corte Suprema para expresar su preocupación y comenzar a delinear una postura unificada.

 

La Ley 24.156 establece que las disposiciones generales del presupuesto “no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Un sector dentro del Poder Judicial ya analiza este punto, dado que podría ser un argumento futuro para cuestionar su constitucionalidad.

 

La entidad presidida por Marcelo Gallo Tagle también mantuvo un encuentro con las autoridades de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Allí se expusieron los principales argumentos contra la medida: la limitación del artículo 20 de Ley 24.156 de Administración Financiera y la intangibilidad de las remuneraciones prevista en el artículo 110 de la Constitución Nacional. “La primera preocupación es que, desde lo legal no es lo correcto, tolerable o adecuado incorporar una ley donde se afecta con un tributo dentro de la Ley de Presupuesto, porque así lo establece incluso la Ley de Administración, en donde ya desde el año 1992 ese artículo 20 señala esta prohibición”, dijo Gallo Tagle.

La Ley 24.156 establece que las disposiciones generales del presupuesto “no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos”. Un sector dentro del Poder Judicial ya analiza este punto, dado que podría ser un argumento futuro para cuestionar su constitucionalidad.
 
Asimismo, Gallo Tagle advirtió que “no hay ningún juez en que no esté de acuerdo en tributar el impuesto a las ganancias, pero hay que trabajarlo y regularlo de una manera que no afecte al artículo 110 de la Constitución” y añadió: “Es una deuda que tenemos todos con la sociedad pero hagámoslo en forma consensuada”.

A su vez, el consejero y juez Juan Manuel Culotta detalló que hay un total de188 magistrados de la Justicia Federal y Nacional ya están pagando Ganancias, tras la modificación de 2016 que estableció que los magistrados que ingresaran al Poder Judicial de la Nación a partir del 1 de enero de 2017 empezarían a tributar. 

Al respecto, Culotta agregó que si se cubren todas las vacantes actuales “va a haber un 43% de magistrados que paguen el impuesto”. El costo fiscal de la exención actual que se estima en $238.000 millones, según datos oficiales.

Por su parte, el presidente del gremio Julio Piumato sostuvo que "es una nueva agresión que nos golpea fuertemente. No podemos aceptar que nos apliquen este impuesto, que lo quieren aplicar sobre todos los rubros. Aquellos compañeros que entraron después de 2017 y pagan una parte también verán triplicado el pago. No van arreglar el país ni a los pobres con esta iniciativa. Es un ataque al Poder Judicial y no tiene ningún sentido, oportunidad o momento. Vamos a defender el salario".

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales Fe-Sitraju también acompañó la medida de fuerza y sostuvo que en el dictamen del Presupuesto 2023 se mezclan "buenas y malas intenciones" y quienes buscan la democratización del Poder Judicial "están emprendiendo el camino contrario cuando se desvaloriza el salario de quienes ejercen la función judicial".

La organización encabezada por la diputada nacional y consejera Vanesa Siley (FdT) señaló que "los jueces son apenas el 4% del total de los alcanzados por el impuesto y que el 96% restante son trabajadores y trabajadoras judiciales, entre empleados y funcionarios".

Por su parte la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) en su intervención puntualizó: "lo que han querido construir es un conflicto y lo construyeron. Hoy los trabajadores del Poder Judicial declararon una huelga”. Rechazó también la postura de la izquierda que proponía que los jueces paguen Ganancias por separado dejando afuera a los trabajadores judiciales, lo que definió como una trampa: “Algunos pretenden desenganchar. El enganche en el salario del Poder Judicial es un derecho de los trabajadores judiciales, es una conquista laboral. Si nosotros desenganchamos a los trabajadores en el pago del impuesto estaremos dejando un nefasto antecedente para el desenganche salarial de los trabajadores" explicó Camaño.


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