Se presentó en Santa Fe un proyecto de ley para crear, en el ámbito de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia, cinco Fiscalías Ambientales. El objetivo principal es que puedan llevar adelante una tarea preventiva y precautoria.
Se presentó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe un proyecto de ley para la creación de cinco fiscalías ambientales para actuar ante los órganos jurisdiccionales con competencia civil, comercial y contencioso administrativo y todo otro creado o a crearse que no asuma competencia penal.
La iniciativa del diputado Fabián Bastía establece que las fiscalías podrán requerir informes, llevar adelante investigaciones administrativas previas, realizar presentaciones o peticiones a organismos públicos nacionales, provinciales o municipales o personas privadas, que tengan por objeto la “tutela del ambiente” independientemente de la acción o inacción de los organismos públicos regulatorios.
Las fiscalías podrán dictaminar en todas las causas en las que se tramiten cuestiones relacionadas a bienes ambientales, con la potestad para litigar en las instancias de segundo grado ordinarias, así como las extraordinarias ante Tribunales provinciales o nacionales.
Asimismo, podrán “recibir toda denuncia y, en su caso, efectuar derivaciones dentro del Ministerio Público o a otros organismos o instituciones, del Poder Judicial o de las Administraciones Públicas”.
Otro de los artículos preve que las fiscalías tendrán atribuciones para “concurrir a las audiencias públicas sobre cuestiones ambientales y llevar adelante investigaciones civiles y ambientales previas, presididas por la Procuración General de la Corte, para recoger elementos de convicción que amerite la iniciación de alguna acción civil de tutela del medio ambiente”.
También tendrán a su cargo la realización de “tareas necesarias para obtener los datos para elaborar un mapa de las distintas causas ambientales en toda la provincia; relevar la doctrina y la jurisprudencia referente a estos delitos y contravenciones para elaborar diagnósticos; y proponer soluciones que desde el Ministerio Público Fiscal puedan impulsarse”.
Por último, el proyecto sostiene que las entidades podrán “participar ad honorem en Consejos y Comisiones Parlamentarias de Investigación, elaborar y remitir a la Legislatura un informe concerniente a su actuación, y coadyuvar en los procesos de elaboración de legislación y normas técnicas ambientales”.