La OVD informó que durante la pandemia recibió a 12766 personas y las estadísticas muestran que el 78 % de los denunciados fueron varones, y el 40 % de las afectadas cohabitaba con la persona agresora.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un nuevo informe estadístico sobre las denuncias por violencias durante la pandemia y detalló que atendió a 12766 personas por hechos de violencia doméstica, entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021.
En dicho período, 4875 personas (54 %) concurrieron a realizar la denuncia en un contexto de situación límite y 3933 por sentir más miedo que el habitual; solo el 5 % denunció un primer episodio de violencia. Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo de 9096 personas afectadas, principalmente mujeres (55 %) y niñas/os y adolescentes (30 %).
El vínculo de pareja y expareja fue el más presente entre las personas afectadas y denunciadas (50 %), seguido por el filial (34 %), el fraternal (4 %) y el vínculo con otro familiar hasta 4.° grado de parentesco (4 %), entre otros
Casi la totalidad de los casos atendidos por la oficina tuvieron derivación a la Justicia civil (99 %) y penal (87 %); a servicios de asesoramiento jurídico (86 %); a servicios de salud (43 %); a la Dirección General de la Mujer del gobierno porteño (33 %), y al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de esta jurisdicción (34 %).
Según el informe, la violencia psicológica fue la más presente en las evaluaciones de riesgo (97 %), seguida por la física y simbólica (55 %), la ambiental (35 %), la económica y patrimonial (28 %), la social (13 %) y la sexual (10 %).
En esa línea, el servicio médico de la oficina constató lesiones en 1630 personas, de las cuales el 84 % eran mujeres y niñas. El 33 % tenía antecedentes de lesiones previas.
Por otra parte, las principales medidas de protección ordenadas por la Justicia civil fueron prohibición de acercamiento (87 %), prohibición de contacto (85 %), botón antipánico (33 %), cese en los actos de perturbación e intimidación (30 %), prohibición de acercamiento a niñas/os y adolescentes (28 %), exclusión del hogar (17 %), alimentos provisionales (17 %) y prohibición de ingreso al domicilio (9 %).