En un nuevo plenario de Comisiones del Senado, el oficialismo anunció que se le harán cambios al dictamen del proyecto de ley de reforma judicial. Entre otros, no se unificarán los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.
Se llevó a cabo un nuevo plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, donde legisladores oficialistas informaron que el proyecto de reforma judicial original sufrirá algunas modificaciones antes de obtener dictamen.
El primer cambio enunciado fue que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, "sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia", explicó María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Finalmente, tras mucho debate al respecto, las cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estiman que la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.
La senadora sostuvo que con el objetivo de “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, "éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas".
Por otra parte, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.
Sacnun remarcó que, a pesar de las modificaciones realizadas luego de analizar las exposiciones de diferentes especialistas, el objetivo central de la reforma es “mantener la independencia del Poder Judicial, y que jueces y fiscales sean personas probas y honestas que no tengan relación con el poder político de turno”.
Por último, ante el cuestionamiento de la oposición sobre la aplicación del sistema acusatorio, la senadora resaltó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal, “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.
Críticas por parte de la Asociación de Magistrados.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se había sumado a las críticas contra la iniciativa por medio de un escrito ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, suscripto por su titular, Marcelo Gallo Tagle, en donde plasmó sus observaciones al proyecto de reforma judicial que fue presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, al que calificó de "inoportuna"
Respecto de la creación del nueco fuero penal federal, la asociación aclaró que con un proceso acusatorio como el que se busca implementar "no son necesarios 46 Juzgados de Garantías en la Capital" ya que la mayor carga de trabajo cae sobre las fiscalías. Hoy en día no se requiere una organización en espejo y con la misma cantidad de dependencias.
Además, en cuanto a la justicia federal del interior para la que se prevé la creación 94 juzgados federales penales, "no se explica con qué criterio se distribuyeron en algunas localidades en desmedro de otras", detalla el texto
En relación a la unificación, la AMFJN señaló que no se explicaron las razones de la medida, que "dejaría de lado la especialidad de cada fuero (que llevan décadas de funcionamiento autónomo) y pondría la decisión de los casos en manos de juezas y que no poseen el conocimiento específico requerido para el cargo". Mismas críticas recibió la idea de traspasar la competencia penal, que significaría "un desguase" del fuero Criminal y Correccional ordinario.
En la presentación, la entidad que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios aclaró que las observaciones no pretendían desactivar la propuesta de reforma puesta en marcha, y que se aspira "a una mejora en la prestación del servicio de justicia, que demanda un sinnúmero de actualizaciones legislativas, algunas de las cuales están con estado parlamentario".