19 de Junio de 2024
Edición 6990 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 24/06/2024

Miren a las cárceles

La Defensoría General de la Nación publicó una resolución con recomendaciones para las defensoras y defensores públicos federales y en lo criminal y correccional de la CABA, respecto a las personas privadas de su libertad y la propagación del Coronavirus.

A partir de la declaración de emergencia pública en materia sanitaria, como consecuencia de la pandemia por la propagación de casos de COVID-19, la defensora general de la Nación dictó la Resolución N° 285/20 efectuando ciertas recomendaciones a las defensoras y defensores públicos federales y en lo criminal y correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En primer lugar, se recomendó a los/as magistrados/as o funcionarios/as a cargo de las referidas dependencias y de todas las instancias que presten especial atención a la situación de salud de las personas privadas de libertad y reclamen cuando sea necesario que se asigne el tratamiento adecuado. 

La DGN solicitó a loa defensores que renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro de las personas cuyas defensas ejercen, cuando se puedan incluir en el grupo de personas en riesgo ante la pandemia de coronavirus COVID-19. 

Asimismo, se recomendó que "en todo contexto en que se adviertan hacinamiento u otras restricciones de derechos de las personas privadas de libertad que puedan implicar un agravamiento en las condiciones de detención, inicien o continúen el trámite de acciones de habeas corpus ante los/as magistrados/as competentes".

En los considerandos de la resolución, la defensora general, Estella Maris Martínez, hizo hincapié en "la necesidad de que frente a la coyuntura, la Defensa Pública asuma un rol proactivo para detectar a quienes necesitan de atención médica, y reclamar las medidas adecuadas y ágiles que la situación exija, ante los responsables administrativos del ámbito de detención y el Poder Judicial de la Nación como garante de derechos".

También se solicitó a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la adopción, con carácter urgente, de un protocolo especifico para la prevención y protección del coronavirus en contexto de encierro, en resguardo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, en especial aquellas consideradas dentro de algún otro grupo de riesgo, y de las personas vinculadas a ellos. 

Por último, se decidió poner en conocimiento de la resolución a la Comisión de Emergencia Carcelaria, al Sistema Insterinstitucional de Control de Cárceles y al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.


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