El Colegio de Abogados entrerriano cuestionó duramente la iniciativa que implementó el Centro de Acceso a Justicia virtual, el cual posibilita la atención legal gratuita y online. Afirmaron que diluye la responsabilidad profesional de quien asesora detrás de una computadora y perjudica en su trabajo a los matriculados.
El Colegio de Abogados de Entre Ríos cuestionó el programa de atención legal a distancia, denominado Centro de Acceso a Justicia Virtual (CAJ), por el cual se puede acceder a una consulta jurídica online.
El CAJ virtual permite que cualquier persona del país pueda recibir asesoramiento e información sobre problemas administrativos y jurídicos desde la página web y por medio del sistema de mensajería de la red social Facebook.
La atención es brindada por letrados, quienes brindan atención en cuestiones de familia, vivienda, trabajo, penales, discapacidad, violencia de género, víctimas de otros delitos, conflictos vecinales, de usuarios y consumidores, seguridad y protección social, identidad y documentación. Según datos de la cartera de Justicia, el sistema recibe cientos de consultas por día.
La entidad consideró que el programa, impulsado por la cartera de Justicia, es contrario a la ley de Reglamentación y Ejercicio de la Abogacía (4.109) y al Reglamento de Ejercicio, aprobado por Resolución 1277/76. En este sentido, indicaron que la normativa que regula la profesión "establece la obligación del abogado de atender personalmente en su estudio así como poseer la libertad moral para aceptar los casos".
Explicaron, además, que el sistema “se diluye la responsabilidad profesional de quien asesora detrás de una computadora” y “muchos abogados verían disminuidos sus ingresos por las consultas gratuitas realizadas online, cuando son los matriculados los que deben soportar los costos del ejercicio profesional”, tales como pago de matrícula, aportes jubilatorios, costos de capacitación y gastos de funcionamiento de los estudios jurídicos.
“Asimismo la normativa que nos regula establece la obligación del abogado de atender personalmente en su estudio así como poseer la libertad moral para aceptar los casos”, agregaron.
Explicaron, además, que el sistema “se diluye la responsabilidad profesional de quien asesora detrás de una computadora” y “muchos abogados verían disminuidos sus ingresos por las consultas gratuitas realizadas online, cuando son los matriculados los que deben soportar los costos del ejercicio profesional”, tales como pago de matrícula, aportes jubilatorios, costos de capacitación y gastos de funcionamiento de los estudios jurídicos.
“Notamos con creciente preocupación un avance del Estado en áreas que resultan ajenas al servicio público que le cabe otorgar a los ciudadanos”, concluyó la entidad que agrupa a los abogados entrerrianos.