Un juzgado porteño habilitó la feria judicial y ordenó al Ejecutivo a adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la vida e integridad física de sus agentes de tránsito. Además, dictó la reincorporación de un grupo de trabajadores despedidos.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Elena Liberatori, condenó al Poder Ejecutivo porteño a brindarle garantías de seguridad a los agentes de tránsito que se desempeñan en la vía pública.
En la causa “Asociación Trabajadores del Estado contra GCBA sobre Amparo – empleo público – otros”, la magistrada resolvió, además, que se otorgue estabilidad al personal del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la ciudad, "de acuerdo a las garantías ‘previstas en los artículos 14 bis de la CN, 43 de la CCABA y 9 y 36 de la ley n° 471".
El fallo ordenó al gobierno porteño que se abstenga de disponer cualquier acto administrativo o vía de hecho que implique la desvinculación del personal de tránsito y se disponga la inmediata contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).
Liberatori también recordó que la demandada incumplió con lo acordado al despedir a un grupo de trabajadores el pasado 2 de enero. Con sus argumentos, "el GCBA no hace otra cosa que exponer una serie de artilugios con la que pretende fundamentar la desvinculación de los trabajadores comprendidos en la medida cautelar; pero con ello ratifica que efectivamente se incumplió con la manda judicial cautelar dictada", expresó la jueza.
En esa línea, la magistrada de feria ordenó la inmediata reinstalación de "la totalidad de los agentes desvinculados que se encontraban en funciones a la fecha de la medida cautelar 01/11/2019 y se ratifican los términos de dicha resolución, en virtud de la cual no solo se reconoce sus derechos laborales, sino también se les brinda la protección que las mismas merecen: hasta tanto el GCBA cumpla con incorporarlos en la planta transitoria".
Por último, la titular del juzgado le dio a la condenada un plazo de cinco días para el cumplimiento de lo dictado en la sentencia.
El fallo ordenó al gobierno porteño que se abstenga de disponer cualquier acto administrativo o vía de hecho que implique la desvinculación del personal de tránsito y se disponga la inmediata contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).