El Gobierno Nacional presentó el anteproyecto de Ley de Perjurio. La iniciativa prevé multas y penas de prisión para las personas que falseen información durante el proceso judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, junto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron el anteproyecto de “Ley de Perjurio”. El texto, que será enviado al Congreso para su tratamiento, prevé penas de prisión y multas para quienes mientan a la Justicia.
El proyecto propone modificar artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal de la Nación y del nuevo Código Procesal Penal Federal. El objetivo principal es crear un nueva figura penal que castigue a toda persona que en un proceso judicial, ya sea penal, civil o administrativo "incurra en una falsedad u omita en todo o en parte la verdad".
Desde el Gobierno nacional señalaron que el proyecto busca avanzar contra la impunidad y dar respuesta a las víctimas. También esgrimieron que en su redacción se tuvo en cuenta el derecho comparado y las legislaciones de otros países que incorporaron figuras similares.
“Este es un proyecto que seguramente va a dar debate. Nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La interpretación que se ha hecho y esto es lo que pasa hoy en las indagatorias de nuestro país, es que las personas pueden mentir”, manifestó la ministra Bullrich durante la presentación.
Bullrich aseguró que la "verdad tiene que tener premio y la mentira no puede ser parte de un proceso judicial". En este mismo sentido, el ministro Garavano dijo: "Es importante en términos de valores y va de la mano de los procesos orales, porque al estar cara a cara con el juez y con la otra parte, es difícil mentir. Este proyecto impulsa un cambio cultural para resolver los conflictos en serio”.
La iniciativa ya despertó inquietud y críticas de quienes consideran que afecta el principio pro persona y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos y garantías. Incluso, algunos abogados alertaron sobre la posible afectación en el ejercicio de la profesión.
El texto establece, entre otras cuestiones, la pena de prisión de un mes a cuatro años y multa de 96 mil a 300 mil quien siendo parte en un proceso judicial o procedimiento administrativo a sabiendas "afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, en cualquier presentación oral o escrita hecha ante autoridad pública". La misma pena se aplicará, según la iniciativa, al "abogado, testigo, perito o intérprete que lo haga en las circunstancias antedichas o en su deposición, testimonio, traducción o informe".
"El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Si decide declarar, deberá prestar juramento o promesa de decir verdad, después de haber sido instruido sobre las prescripciones legales previstas para el falso testimonio", establece el texto y propone así modificar el artículo 296 del CPPN.
Dispone, además, la incorporación de una serie de agravantes y fija la pena de dos a 10 años de prisión y multa de 240 mil pesos a 600 mil pesos, si el hecho "se cometiere en una causa criminal en perjuicio del imputado".
La iniciativa ya despertó inquietud y críticas de quienes consideran que afecta el principio pro persona y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos y garantías. Incluso, algunos abogados alertaron sobre la posible afectación en el ejercicio de la profesión.