17 de May de 2024
Edición 6968 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 20/05/2024

Parece que los subsidios iban a otra parte

La Cámara Penal platense ordenó la detención de un ex senador bonaerense y tres ex funcionarios de la Cámara Alta provincial, en una causa en la que se investiga una presunta estafa con subsidios otorgados a supuestas entidades de bien público.

 
Los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal, Ricardo Szelagowski (h), Sergio Almeida y Armando Correa tomaron esa decisión luego de declarar la nulidad parcial de la resolución del juez de Garantías que había denegado los pedidos de detención formulados por la fiscalía para cuatro senadores y seis ex senadores. Además de las detenciones ordenadas, se dispuso que otro magistrado vuelva a evaluar los restantes pedidos de detención.

Los camaristas entendieron que en la causa se reunieron pruebas para ordenar las capturas del ex senador radical Héctor Monasterio y de los ex funcionarios de la Cámara alta bonaerense Diego Gonzálvez y Hernando Moris.

Para los magistrados, el juez Néstor de Aspro -al denegar las detenciones- incurrió en vicios por los cuales se debe declarar la nulidad en forma parcial de su medida, una resolución que podía causar "gravamen irreparable" a los apelantes (los fiscales de la Unidad de Investigaciones Complejas Carlos Argüero y Esteban Lombardo), porque "del desarrollo de la investigación se extraen elementos que permiten inferir que los fines del proceso podrían frustrarse en el supuesto de no dictarse la medida de coerción requerida" por la fiscalía.

La causa se inició el año pasado a partir de la denuncia de un particular por presuntas irregularidades en el otorgamiento de un subsidio que habría sido entregado por Héctor Monasterio -dirigente radical de la localidad bonaerense de Lincoln- cuando cumplía mandato como senador provincial.

A partir de allí la fiscalía amplió la investigación a todos los subsidios otorgados a entidades o asociaciones civiles de cuya existencia se dudaba, precisaron fuentes judiciales.

Los fiscales consideraron en su dictamen que había elementos para presumir que se otorgaron subsidios en forma irregular a entidades que no existirían, por un monto del orden del medio millón de pesos.

Los fiscales analizaron cada caso en particular y ordenaron procedimientos en varias localidades del interior de la Provincia para corroborar la existencia de las personas carenciadas o enfermas y las entidades de bien público que aparecían como beneficiarias de subsidios.

Como resultado de esa investigación, se determinó que "en la mayoría de los lugares se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios eran fantasmas -en las direcciones que constan en los legajos hay casas particulares, la institución no existe y los vecinos no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna- o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados de la Cámara alta".



dju / dju
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