En una nueva jornada para conmemorar el aniversario de la reforma de la Constitución bonaerense, se avanzó en una suerte de práctica quirúrgica sobre las distintas novedades que, en materia de derechos y garantías aporta este documento, y evaluar así, su viabilidad o necesidad de nuevas modificaciones.
En el primer panel de la segunda jornada, el ex Convencional Constituyente, Alfredo Irigoin resaltó que desde el advenimiento del nuevo período democrático hubo voluntad reformista y, en ese sentido, recordó la creación de una comisión para reformar la constitución en 1987, bajo la administración del gobernador Alejandro Armendáriz y que su sucesor, Antonio Cafiero recogió como desafío, dándole continuidad a ese ámbito de estudio.
Irigoin también volvió a citar el caso el plebiscito de 1991 que frustró el tema de la reelección de Cafiero, para luego ir hacia la convención de 1994, de la cual formó parte, detallando que “fue muy frustrante que al principio pasábamos largas horas discutiendo sólo sobre el tema de la reelección y no sobre los demás capítulos”. No obstante, celebró que se hayan incorporado novedades tales como los derechos sociales, protección del ambiente y el derecho a la comunicación entre otras cuestiones, que también fueron ventiladas en el panel.
Por su parte, Anibal Falbo, profesor especializado en derecho administrativo y en derecho ambiental destacó el espíritu constitucional en la Provincia que propende a que “un derecho a lograr un ambiente sano encierra el deber de protegerlo para los actuales habitantes y para generaciones futuras” y defendió el principio constitucional por el cual se remarca que “el ambiente no puede ser apropiado por el hombre ni por la tecnología” .
El encuentro denominado “A 25 años de la reforma de la Constituciòn provincial: Debates, balance y perspectivas” es organizado en conjunto por el Senado provincial, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Relaciones Institucionales de esa casa de estudios y convocó a ex convencionales constituyentes, magistrados, profesores y juristas en general.
Sugiriò, en ese sentido, que “debemos pasar del antropocentrismo en el cual el ambiente es subsumido a la voracidad del hombre, para ir hacia la idea de un verdadero ecosistema” .
A su turno, el profesor y juez laboral de La Plata, Juan Orsini, también se mostró elogioso con el texto de la Constitución Provincial que incorporó los derechos sociales a través del artículo 39, dado que, a su criterio es una norma muy bien utilizada por la jurisprudencia en la justicia bonaerense.
También valoró que el texto constitucional remarque para el estado provincial las funciones de promover el pleno empleo y que ejerza la función de control y policía del trabajo para la observación del cumplmiento normativo.
Asimismo, ilustró sobre el aporte enriquecedor de darle rango constitucional al fuero del trabajo, de manera tal que para su disolución ya no sería suficiente una ley, sino que habría que promover una reforma de la constitución misma.
El profesor de Derecho Público , Gonzalo Fuentes, por su parte destacó el nuevo texto de la Constituciòn bonaerense y su referencia al derecho a la información y a la comunicación, por su aporte en materia de habilitar a la mayor transparencia, no sólo en el acceso a la información pública, sino a su almacenamiento en repositorios digitales.
“Una sociedad que no está informada no es del todo libre”, remarcó Fuentes quien explicó que el derecho a la información incluye implícitamente también a los derechos a la libre expresión, la libertad de prensa y a los derechos de usuarios y consumidores.
“El mayor usufructo del derecho a la información empodera al ciudadano en una democracia moderna para pemitirle un mayor desarrollo de su autonomía”, dijo Fuentes, quien añadió que “el derecho a la información habilita a divulgar ideas de toda índole para que el ciudadano conozca sus derechos”.
Cabe recordar que el encuentro denominado “A 25 años de la reforma de la Constituciòn provincial: Debates, balance y perspectivas” es organizado en conjunto por el Senado provincial, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Relaciones Institucionales de esa casa de estudios y convocó a ex convencionales constituyentes, magistrados, profesores y juristas en general.