11 de Junio de 2024
Edicion 6985 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 12/06/2024

Reynoso tras las rejas

El exjuez Raúl Reynoso fue condenado a 13 años de prisión por el delito de concusión y prevaricato. Se trata de una causa por la concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho para favorecer a narcotraficantes.

El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por los jueces Federico Díaz, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, condenó al ex magistrado Raúl Juan Reynoso a la pena de trece años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión y multa.

La causa llegó a juicio oral tras una investigación iniciada en 2016. El exjuez federal fue indicado como presunto jefe de una organización dedicaba a la gestión y concesión de resoluciones judiciales contrarias a derecho favorables a imputados por narcotráfico.

Esta organización, según consta en la causa, tenía por fin principal “obtener sumas de dinero y dádivas a cambio de atemperar la situación procesal de diversos imputados en causas penales, lo que traía como consecuencia el otorgamiento de su libertad a través del dictado de resoluciones contrarias a derecho”.

 

Después de un largo juicio que contó con más de 200 testigos, el Tribunal falló contra el exmagistrado por la comisión de una serie de hechos en carácter de autor del delito de concusión y prevaricato. “Ha sido una trama que se armó para lograr mi destitución”, dijo Reynoso durante los alegatos y sostuvo que “no existían pruebas” contra su persona.

 

Reynoso renunció a su cargo al frente del Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán en la provincia de Salta, tras una investigación disciplinaria del Consejo de la Magistratura de la Nación. Su dimisión fue aceptada por el presidente Mauricio Macri, lo que derivó en su detención y posterior prisión preventiva.

En diciembre último, el fiscal federal Carlos Amad pidió 25 años de prisión para Reynoso como "autor penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con concusión y este último en concurso ideal con prevaricato".

Después de un largo juicio que contó con más de 200 testigos, el Tribunal falló contra el exmagistrado por la comisión de una serie de hechos en carácter de autor del delito de concusión y prevaricato. “Ha sido una trama que se armó para lograr mi destitución”, dijo Reynoso durante los alegatos y sostuvo que “no existían pruebas” contra su persona.

En la misma sentencia, el Tribunal condenó a la abogada María Elena Espér Durán como partícipe necesaria, imponiendo la pena de 10 años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer la profesión por el término de diez años, inhabilitación absoluta por igual tiempo que el de la condena a prisión y multa.

El letrado Ramón Antonio Valor, en tanto, fue condenado en carácter de partícipe necesario a cuatro años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer la profesión e inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión y multa. El tribunal absolvió por el principio de la duda a otras cuatro personas, entre los que se encontraban empleados judiciales.

El MPF se manifestó parcialmente conformes con el fallo, pero informaron que recurrirán por no haberse aplicado en el veredicto la figura de asociación ilícita y por la absolución de cuatro imputados en la causa. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 24 de mayo próximo.

Un caso con grandes similitudes

El caso del ex titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, comparte grandes similitudes con la causa de su par salteño. El exjuez fue procesado por considerarlo “jefe” de esa asociación ilícita y autor de los delitos de cohecho y prevaricato.

La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, confirmó la semana pasada los procesamientos con prisión preventiva de funcionarios judiciales acusados de formar una asociación ilícita que operaba en connivencia con una organización criminal dedicada al narcotráfico con base en la localidad de Itatí.

La causa está enmarcada en un legajo donde surgió la sospecha de una presunta actuación irregular por parte del entonces titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, dos de sus secretarios y distintos abogados que litigaban en esa sede judicial.

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