10 de May de 2024
Edición 6963 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 13/05/2024

Chubut no quiere importar delincuentes

El gobernador de la provincia sureña, Mariano Arcioni, dispuso la expulsión y prohibición de ingreso al territorio de ciudadanos extranjeros que fueron condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en el país o en el extranjero.

A través del decreto Nº136/2019, el gobernador de Chubut prohibió el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la provincia y habilitó la expulsión de aquellos condenados por delitos cometidos en la Argentina o en el extranjero.

El decreto firmado por Arcioni sostiene: “Disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.

 

La resolución firmada por el gobierno chubutense es que la expulsión o la prohibición de ingreso de los extranjeros puede efectuarse aún en los casos donde no haya condena firme. 

 

Federico Massoni, ministro de Gobierno, expresó que “los chubutenses no pueden permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo”  y además añadió: “Es inadmisible que cada ciudadano aporte $4700 diarios para mantenerlos”.

En esa línea, el funcionario provincial afirmó que “todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo”, aunque sostuvo que los que tienen intenciones de robar “no van a poder ingresar a Chubut“.

La resolución firmada por el gobierno chubutense es que la expulsión o la prohibición de ingreso de los extranjeros puede efectuarse aún en los casos donde no haya condena firme. 

La medida adoptada por la provincia se suscribe al DNU firmado por el presidente Mauricio Macri en 2017 que agiliza los procesos de deportación de inmigrantes con pedidos de captura internacional y acusados de delitos graves como narcotráfico o trata de personas, aún en los casos donde no existan condenas firmes. 


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