Es oficial la Ley 27.500 que restablece la obligatoriedad de los fallos plenarios en la Justicia Nacional y Federal y que deroga la creación de las Cámaras Federales de Casación (Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social, y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial) que se habían creado, a través de La ley 26.853, en el marco de la "Democratización de la Justicia" del gobierno de Cristina Kirchner en 2013. Esa instancia nunca se puso en funcionamiento y el proyecto quedo congelado con la asunción de Mauricio Macri. De esta forma, la nueva norma vuelve a establecer lo referido a los recursos de Inconstitucionalidad y Revisión e Inaplicabilidad de Ley, correspondientes a la sección 8a del capítulo IV, título IV del libro primero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.