De ese modo, ambos podrían enfrentar un juicio oral y público por el presunto delito de "estafa", cometido en torno de una operatoria que involucró al ex Banco de Crédito Provincial (BCP).
En la resolución los camaristas Carlos Elbert y Carlos González mencionaron que la maniobra se dio en el marco de un préstamo gestionado a fines de junio de 1997, por el cual la Sociedad otorgó un mutuo de diez millones de pesos, pagados con dos cheques de cinco millones cada uno, en favor del Arzobispado.
En el hecho, Toledo fue sindicado de participar en una presunta falsificación de la firma de Quarracino para una operatoria en el BCP, la entidad bancaria regenteada por la familia Trusso.
Según consta en la causa, la operatoria fue gestionada por Francisco Javier Trusso ante el titular de la mutual militar, capitán de navío retirado Baltasar Trejo Lema, quien se presentó invocando su relación con el cardenal Quarracino.
La entidad platense era fiador solidario del préstamo, por lo que ante las dificultades que atravesaba el banco, emisarios de la Sociedad Militar recordaron anticipadamente al Arzobispado un vencimiento de intereses y solicitaron el cambio de fiador.
Ante esos hechos Toledo dijo desconocer la operación y afirmó que ya que las firmas de Quarracino habían sido falsificadas ese préstamo lo pagaría "Mongo".
Según se explicó en la resolución, “se logró determinar la falsedad de la firma del extinto cardenal Quarracino... y que los montos transferidos a la cuenta del Arzobispado habrían sido objeto de una apropiación ilícita".
En el expediente, a Trusso se le imputa el hecho de "haber participado de la maniobra engañosa junto a Toledo", ya que, según se determinó, “acompañó a los representantes de la mutual al BCP para certificar la firma atribuida a Quarracino.