28 de Marzo de 2024
Edición 6936 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/04/2024

A favor de los presos alojados en comisarias

El STJ del Chaco ordenó trasladar a otro centro de detención a los internos que se encuentran en una comisaría y prohibió el alojamiento hasta tanto se realicen las reformas estructurales de mejoramiento de las condiciones conforme a lo establecido en el "Programa de Infraestructura del Servicio de Seguridad Pública”, para lo cual fijó un plazo de seis meses.

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a la acción de hábeas corpus colectivo y correctivo interpuesta por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y, en consecuencia, dispuso el inmediato traslado de los detenidos alojados en la dependencia a otras que resulten adecuadas para su alojamiento.

En el caso, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes planteó una acción de hábeas corpus colectivo y correctivo ante el Superior Tribunal de Justicia, en favor de los detenidos alojados en la Comisaría General de la Ciudad de Puerto Vilelas, provincia del Chaco.

En la presentación explicaron que “al trasponer la puerta de ingreso se observa que el estado general del inmueble es de deterioro y abandono estructural, con paredes y áreas precarias. Indican que las conexiones eléctricas, totalmente a la vista, cuelgan de lado a lado por paredes y techos con cables pelados”.

En relación a la cocina del lugar, detallaron que “los pisos se encuentran en pésimas condiciones de higiene, cubiertos de grasa acumulada, productos alimenticios derramados y suciedad en general”, y destacaron que “las cañerías de la bacha están cubiertas de sarro y restos de grasa, debido a las malas condiciones higiénicas”.

Sobre el sector de celdas, los actores mencionaron: “No hay iluminación natural ni aireado suficiente, que la iluminación artificial es deficiente, con numerosas conexiones, permeables a cortocircuitos, incendios y electrocución, que el techo es de calidad precaria, la humedad excesiva y olor insoportable”.

“Carecen de elementos de limpieza y el suelo se encuentra cubierto de colillas de cigarrillos y botellas plásticas con agua. Similares condiciones de precariedad se exponen respecto del baño para los detenidos”, expusieron.

En este marco, los jueces concluyeron que resulta “necesario adecuar las condiciones del edificio conforme los estándares constitucionales e internacionales respecto de personas privadas de su libertad”.

Para los magistrados, “es necesario que a la brevedad se ejecute el plan de refacciones conforme lo establecido en el ’Programa de infraestructura del servicio de seguridad pública 2016/2019’, sobre el que se informó, pero respecto del que no se observa que exista una fecha establecida de comienzo de las tareas, las cuales resultan imperativas en vista del estado de deterioro en que se encuentra el inmueble, reconocido por las propias autoridades policiales”.

Respecto a lo denunciado sobre el hacinamiento en las celdas, los jueces manifestaron que “en la dependencia policial se han alojado hasta más de diecisiete detenidos, a la vez que consta en todos los informes elevados a la superioridad que el cupo máximo de alojamiento es de ocho personas.

“Siendo entonces que la dependencia policial cuenta con sólo tres celdas, dos de 3 metros de largo por 2 de ancho y la tercera de 4 por 3,50 metros, la cantidad de personas alojadas Vilelas excede ampliamente el máximo permitido según los estándares internacionales. En este tópico, el propio informe de la Jefatura de Policía consigna que las instalaciones resultan aptas para el alojamiento de ocho personas”, indicaron.

En consecuencia, el tribunal también ordenó al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco que en un plazo máximo de seis meses se ejecute el plan de refacciones, conforme lo establecido en el "Programa de Infraestructura del Servicio de Seguridad Pública 2016-2019", y así prohibió el alojamiento de personas hasta tanto se realicen las reformas estructurales de mejoramiento de las condiciones de detención, construcción de sanitarios y provisión de agua potable dentro de las celdas.


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