16 de May de 2024
Edición 6967 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 17/05/2024

La letra impresa de la reforma judicial del Gobierno

En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación una serie de proyectos para implementar una reforma integral del sistema judicial. Diario Judicial te cuenta las principales iniciativas en detalle.

Ante la Asamblea Legislativa, el presidente Mauricio Macri dejó inaugurado el período 134º de sesiones ordinarias del Congreso. En este contexto, el Ministerio de Justicia enviará en las próximas semanas una serie de proyectos que buscarán transformar el Poder Judicial.

“Impulsaremos una agenda de reforma de la Justicia, para fortalecer su independencia y mejorar su funcionamiento (…) Hace falta regular la subrogancia de jueces, reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación y reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Mauricio Macri en su discurso.

Los cambios en el Consejo de la Magistratura de la Nación

Dentro de las iniciativas más importantes, el Gobierno impulsará una reforma del Consejo de la Magistratura para dotarlo de una “composición equilibrada y funcionamiento eficiente”. Así, se impulsará una nueva integración del Cuerpo: cuatro magistrados, cuatro representantes del Poder Legislativo, cuatro abogados, un representante del ámbito académico y uno del Poder Ejecutivo. De esta modo, la nueva normativa le dará mayor participación a los abogados y jueces.

Por otro lado, la reforma tiene por objetivo “garantizar la efectiva independencia de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, asegurando la autarquía y financiera del Poder Judicial (...) jerarquizar y despolitizar los mecanismos de selección, disciplina y remoción de los magistrados”.

Además, se propone que los consejeros tengan dedicación de tiempo completo dentro del Cuerpo. Sobre este punto, se planea reformar la Comisión de Disciplina y sus reglamentos para agilizar el tratamiento de los expedientes.

Una nueva Ley de Subrogancias

Reducir la gran cantidad de jueces subrogantes del Poder Judicial de la Nación es otro de los desafíos centrales. Según datos oficiales, en la actualidad hay casi un 25 por ciento de magistrados federales y nacionales subrogando. En consecuencia, el paquete de medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Germán Garavano, incluye un proyecto de reforma de la Ley de Subrogancias.

Meses atrás, la Corte declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias establecido por la Ley 27.145 y así fijó expresamente un conjunto de pautas transitorias para la designación de subrogantes. Particularmente, los ministros del Máximo Tribunal consideraron que “el sistema ideado no contiene ningún baremo objetivo que pueda justificar para cada designación la preferencia de un candidato respecto de los restantes”.

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado

El Gobierno también se encuentra trabajando en una reforma penal para combatir el crimen, especialmente los delitos complejos. Al respecto, las iniciativas buscarán promover “la investigación de narcotráfico y del crimen organizado a través de nuevas herramientas procesales”, y así garantizar el “reconocimiento efectivo de los derechos de la víctima, la igualdad entre las partes y la realización del juicio oral en lo inmediato”.

“Hoy Argentina es próspera para los narcotraficantes (...) Nuestro objetivo es derrotar el narcotráfico. Tenemos que luchar juntos”, afirmó Mauricio Macri.

Según informó la cartera de Justicia, se propondrá la creación de un equipo de magistrados para combatir el narcotráfico y crimen organizado, junto a la transferencia del fuero nacional penal a la Ciudad de Buenos Aires. En esta línea, se impulsará la implementación del sistema acusatorio y la instauración del juicio por jurados a nivel federal y provincial.

Se proyectará la creación de 10 juzgados especiales en materia de narcotráfico, la unificación de los fueros de instrucción y correccional, la transformación de Tribunal Orales Criminales en Tribunales Orales Federales. Además, se contemplará una serie de reformas entre las que se destacan “las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y el Poder Judicial de la Nación”.

Respecto al sistema carcelario, se impulsará una reforma integral del Sistema Penitenciario Federal que permita “la reinserción social de los infractores en un marco de Derechos Humanos”. El Gobierno centrará las iniciativas en el control judicial de la ejecución penal y la inversión en el sistema carcelario.

En el marco de la renovación integral del servicio penitenciario de la Nación, el ministro de Justicia, Germán Garavano, junto al subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios, Juan Mahiques, se reunieron ayer con representantes del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, para celebrar la primera Mesa de Trabajo y Análisis para la Reforma del Sistema Penitenciario.

“Resulta indispensable profundizar el desarrollo de políticas penitenciarias para la integración social, promoviendo las mejoras necesarias para lograr la reinserción social de las personas condenadas, el adecuado tratamiento de los procesados y la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria”, destacó Mahiques.

Asimismo, Mahiques subrayó la “necesidad de repensar el Servicio Penitenciario Federal generando herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad alojadas en el ámbito federal de acuerdo a los postulados consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales”.

Gestión y trasparencia

Como parte de las reformas, se promoverá la agilización de los procesos judiciales mediante el “rediseño de las estructuras organizacionales -juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías-, el legajo digital y la gestión electrónica”, y así transformar los procesos en “trámites rápidos, sencillos y modernos” para mejorar los procesos y el sistema de justicia.

Dentro del eje institucional, se enviará un proyecto de Ley de Acceso a la Información para impulsar “políticas en materia de ética pública, trasparencia en la gestión (...) la institucionalización del sistema de transparencia y rendición de cuenta”.

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