El presunto fraude se habría cometido en 2000 y 2001 con fondos del Instituto Provincial de la Vivienda a través de la entrega irregular de anticipos y de pagos adicionales a empresas privadas para la construcción de viviendas que no se concretaron o incluso, ni siquiera se iniciaron.
La investigación comandada por los titulares de la Fiscalía, Carlos Argüero y Esteban Lombardo se inició a partir de una denuncia presentada el pasado mes de mayo por el actual interventor del Instituto de la Vivienda, Alfredo Ibarlucía.
La investigación de los fiscales esta centrada en el seguimiento de fondos que el Instituto supuestamente habría entregado a modo de anticipo a empresas para la construcción de viviendas que nunca habrían llegado a las constructoras.
Desde la Fiscalía se informó que este proceso se encuentra en etapa de análisis de la documentación, al tiempo que confirmaron la presunta participación en la maniobra de tres funcionarios del ministerio de Obras Publicas bonaerense.
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