Por falta de quórum, el Consejo de la Magistratura debió suspender todas las reuniones, en especial la decisión para avanzar con el proceso de remoción, suspensión y acusación del juez federal de Quilmes. Sin embargo, la Comisión de Administración y Financiera habilitó una vía especial para dar trámite de forma urgente a las licitaciones y adjudicaciones pendientes.
El Consejo de la Magistratura de la Nación debió suspender todas las reuniones por la ausencia de sus integrantes, ya que no se alcanzó el quórum necesario para sesionar y, en consecuencia, no se concretó el tratamiento del temario previsto en el orden del día.
“Quedamos en reunirnos, ya que tenemos cosas importantísimas para tratar, no entiendo el objetivo de faltar. Haremos otro Plenario la semana que viene”, afirmó el representante del Poder Ejecutivo Nacional, Julián Álvarez, sobre a la falta de quórum y agregó que “no vienen para no tratar la suspensión del juez Luis Armella”.
En el temario estaba previsto el tratamiento del dictamen por el cual se propone la apertura del procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, del Juez Federal de Quilmes, Luis Antonio Armella.
Respecto a la necesidad de bienes para el proceso electoral, la consejera Gabriela Vázquez explicó: “Son temas muy importantes que tienen que ver con los software y hardware necesarios en materia electoral y debemos darle tratamiento”.
Sin quórum pero con urgencia
La Comisión de Administración y Financiera aprobó habilitar un mecanismo para dar tratamiento a una serie de licitaciones, pliegos y adjudicaciones. La reunión sólo contó con la presencia de los consejeros Pablo González, Gabriela Vázquez, Jorge Candis y Ruperto Godoy, ya que el diputado Héctor Recalde se encuentra de viaje. Por su parte, la representante de los abogados de la matrícula federal, Adriana Donato debió ausentarse por problemas familiares.
El presidente de la Comisión, Pablo González, junto a los consejeros, resolvió habilitar un mecanismo especial para dar trámite urgente a los expedientes -a pesar de no tener el quórum suficiente para su aprobación- por medio de la Resolución N° 4/11 que establece “a efectos de evitar demoras innecesarias que podrían repercutir en forma negativa en el normal funcionamiento de este Poder Judicial de la Nación (…) delegar esta facultad al Presidente de la Comisión”.
“Las decisiones adoptadas con relación al control de legalidad efectuado en el marco de las licitaciones públicas, deberán ponerse en conocimiento de los Consejeros integrantes de esta Comisión, quienes conservarán la facultad de revisar aquellas decisiones”, dispone la resolución firmada el 14 de abril de 2011.
De esta forma, la Comisión explicó que “los Consejeros podrán requerir en cualquier momento que la Comisión se avoque a realizar el control delegado o solicitar la revisión de lo resuelto por la Presidencia, dentro de los cinco días hábiles a partir de la siguiente sesión de la Comisión en la que se haya adoptado la resolución correspondiente o hasta la próxima reunión de la Comisión, lo que ocurra primero”.
Entre las licitaciones se encuentran las destinadas a contratar la provisión, colocación y armado de mobiliario con destino a diversos Tribunales y Organismos dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, por otro lado, la provisión, colocación y armado de mobiliario para Magistrados, Funcionarios y Oficina de Empleados de los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Comercial N° 27 a 31 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.