El Congreso recibió por primera vez la propuesta en julio de 2011. El proyecto era ambicioso y tenía, sobre todo, muchas posiciones a favor pero no menos voces en su contra. Se trata nada menos que del Digesto Jurídico, una iniciativa cuya aprobación se demoró hasta mayo del año pasado. Fue entonces cuando su aprobación por parte del Senado hizo que se empezara a trabajar de lleno en el compendio de las leyes nacionales sancionadas desde la reforma constitucional de 1853.
Una de las personas que se mostró en contra de esta medida fue el abogado constitucionalista, Gregorio Badeni, quien afirmó que “es sumamente peligroso, porque siempre puede quedar alguna disposición aislada de una ley que no haya sido derogada, y que con motivo de la elaboración de este digesto se considere que si lo ha sido. El sistema tal como esta funcionando ahora no es eficaz, pero mi pregunta es qué necesidad hay de saber cuál es el número de leyes en vigencia”.
Pero el tiempo pasó y la Comisión Bicameral del Congreso que se encarga de ordenar la información y hacer los señalamientos necesarios tiene otras prioridades que discutir que van, lógicamente, más allá de si se está a favor o en contra del cuerpo normativo. Ahora, sus miembros deberán ver cómo instrumentan las 6.000 observaciones que se le hicieron en un principio al compendio.
Esta semana el órgano congresal dirigido por el diputado Héctor Tomas (FpV) se reunió y resolvió aceptar varios de los señalamientos realizados y rechazar otros tantos, aunque aún resta terminar con este trabajo que parece ser una de las etapas más prolongadas de la iniciativa.
Formaron parte del encuentro los diputados Alfredo Dato, Mario Pais (FpV), Manuel Garrido (UCR) y los senadores Marina Riofrío y Rodolofo Urtubey (Frente para la Victoria), junto al secretario parlamentario, Lucas Chedrese; el director general de Información Parlamentaria y Archivo de la Cámara baja, Adrián Pagán; la directora del área, María Isabel Giménez Díaz, y la subdirectora, Mabel Pilomeno.
Estas 6.000 observaciones se realizaron sobre las más de 2.300 normas que forman parte de los diferentes anexos del Digesto. Estos señalamientos fueron llevados a cabo por la Dirección de Información Parlamentaria, a modo de contestación para las 70 presentaciones de la Comisión.
Esta Dirección fue, al mismo tiempo, instruida para que realice las modificaciones consolidando el texto e incorporando las actualizaciones vigentes hasta el 31 de marzo de este año, de modo que las incorporaciones se hagan de forma sistemática.
Algunos de los temas discutidos y sobre los que hubo desacuerdos fueron algunos tratados internacionales, la incorporación de un nuevo anexo con leyes convenio o pactos fiscales, la autoridad de aplicación y actualizaciones de montos. También hubo una discusión acerca del lugar que ocupará la Constitución nacional en el compendio normativo.
dju
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