¿Instigadores?

Las imputaciones en contra de las autoridades nacionales fueron formuladas por el abogado Marcelo Parrilli, quien en su presentación, que quedó radicada ante el juez Jorge Ballestero, hizo referencia a los dichos del actual canciller Ruckauf, quien en su época de gobernador de Buenos Aires precisó que a los delincuentes había que “meterles bala” , en lo que se consideró como el punto de partida de la política de mano dura.

Según el abogado, esos dichos del canciller se vieron traducidos en el incremento de las torturas y las muertes de presuntos delincuentes en “supuestos o reales enfrentamientos” con las policías de Buenos Aires y de la Capital Federal.

Respecto de Atanasof, el denunciante mencionó sus expresiones públicas en las que afirmó que "los piqueteros no pueden cortar el puente" y que ello "hay que impedirlo cueste lo que cueste", dichos que calificó de los detonantes para que las "fuerzas represivas" entiendan que tienen "luz verde para tirar, lesionar y matar y, de hecho, lo hacen".

En tanto, reflexionó que “las muertes ocurridas en Avellaneda no son solamente la consecuencia del accionar criminal del mal funcionario policial" sino "consecuencia del accionar criminal de autoridades públicas como los denunciados y funcionarios políticos que avalan esta política de criminalización de los conflictos sociales y represión brutal de los mismos".

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