El Procurador General de la provincia, Pablo López Viñals y el juez de la Corte de Salta, Felix Díaz, fueron denunciados por incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño. El pedido de juicio político se inició a raíz de presuntas irregularidades en los concursos que "terminaron en nombramientos de esposas, familiares, amigos y allegados".
“A la actuación desplegada por los miembros del Consejo de la Magistratura le corresponde atribuirle la falta de los deberes a su cargo, lo que se traduce en un mal desempeño, especialmente contra los Dres. Guillermo Félix Díaz y Pablo López Viñals, en su calidad de integrantes del Consejo de la Magistratura en representación de la Corte de Justicia y del Ministerio Público”, fundamentó la presentación ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Salta.
La denuncia por incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño fue presentada por Raúl Córdoba, Sara Díaz Cornejo y Ana Fernández, integrantes de la “Comisión de familiares contra la impunidad”. El patrocinante, Luis Héctor Gorritti destacó que la presentación es “contra todos los miembros del Consejo de la Magistratura de Salta, y algunos suplentes”.
Debemos recordar que el Consejo de la Magistratura de Salta renovó sus miembros para el periodo 2015-2019. En este contexto, el magistrado Guillermo Félix Díaz presidía la antigua composición del Consejo provincial. Por su parte, el actual procurador Pablo López Viñals, representaba al Ministerio Público.
De esta forma, los denunciantes añadieron que “se deberá determinar el grado exacto de participación del resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, dado que existen numerosos elementos probatorios que permiten inferir que no resultan sean extraños al irregular desempeño de los denunciados en la supuesta actividad delictiva”.
El documento se centra en presuntas irregularidades en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial. "Falta de transparencia en el llamado a Concursos para cubrir los cargos de integrantes del Poder Judicial y Ministerio Público, permitiendo la concreción de este plan delictivo sistemático de permitir la cooptación de las designaciones, traducida en la metodología utilizada de violentar las Resoluciones dictadas sin el voto individual de cada consejero conforme lo determina la Ley N° 7019 (art.7 4to. párrafo), y la utilización de los Consejeros suplentes para avalar situaciones con interés, en abierta violación a la norma de la Constitucional Provincial (art. 157 2do. Párrafo)”, añadió la denuncia.
“Nosotros somos una comisión de familiares contra la impunidad, y hemos visto que en el sistema de justicia que se han producido acciones que perjudican. Además, nos ha llevado a visualizar la inacción y las irregularidades. De esta forma, las anormalidades repercuten en los expedientes”, afirmó Raúl Alberto Córdoba, referente de la Comisión y papá de Marco Córdoba, víctima de un siniestro vial.
La causa de Marco Córdoba es uno de los tantos casos donde padres, amigos y familiares reclaman a las autoridades una resolución judicial. El menor murió tras un accidente vial en 2007, cuando viajaba junto a su familia. “Las causas quedan en el olvido y nos preguntamos ¿Qué pasa con el sistema?”, explicó Córdoba.
Durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el titular del Cuerpo, Manuel Santiago Godoy anunció la designación de los representantes para la comisión de Juicio Político, en la cual se analizarán los pedidos. “Sobre el particular, quiero señalar que la misma tiene lugar como consecuencia de la presentación de un pedido de juicio político –precisamente una denuncia– contra los jueces superiores, es decir contra el Procurador General de la Provincia y un miembro de la Corte de Justicia”, añadió Godoy.
Asimismo, el presidente de la Cámara explicó: “La misma fue presentada en esta Cámara en la fecha anterior al inicio del período legislativo, razón por la cual debe constituirse, facultando al presidente del Cuerpo a realizarla y para ello, cada uno de los presidentes de bloque deben remitir el nombre del legislador en la proporción que corresponda que formará parte de la Comisión de Juicio Político. Debe comenzar a funcionar, a más tardar, la semana que viene para dar inicio al procedimiento correspondiente de acuerdo a lo que establece nuestro Reglamento”.
Dicha comisión se compuso proporcionalmente a partir de la cantidad de integrantes que tiene cada Bloque Político. Los diputados designados por los Bloques Políticos son: Manuel Santiago Godoy (PJ), Emanuel Sierra (PJ), Francisca Jiménez (PJ), Matilde Balduzzi (PJ), Ramón Villa (FPVP), Baltasar Lara Gros (PRS), Ariel Burgos (FS), Carlos Zapata (SNU), Julio Quintana (PO).
Tras designar a las autoridades, la Comisión de Juicio Político otorgó un plazo de 10 días para que se ratifiquen las denuncias. “Hoy estamos ratificando las denuncias”, confirmó el abogado patrocinante.
La denuncia
“Que venimos a formular formal denuncia por la existencia de un plan de cooptación, llevada a cabo por los integrantes del Consejo de la Magistratura de esta Provincia de Salta –titulares y suplentes (que actuaron)-, destinado a nombrar mediante concursos aparente o simulados las designaciones de los cargos de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial y Ministerio Público, a amigos, familiares y/o personas con íntima relación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de lograr el control Judicial, lo que genera una situación extrema de Gravedad Institucional, excediendo el mero interés individual de los postulantes y afectando a la comunidad toda”, afirmó la denuncia presentada ante la Comisión de Juicio Político.
De esta forma, el escrito destaca que "a la actuación de los miembros del Consejo de la Magistratura le corresponde atribuirle la falta de los deberes a su cargo, lo que se traduce en un mal desempeño, especialmente contra los Dres. Guillermo Félix Díaz y Pablo López Viñals, en su calidad de integrantes del Consejo de la Magistratura en representación de la Corte de Justicia y del Ministerio Público, con asiento en la Ciudad Judicial –Avenida Memoria, Verdad y Justicia-, solicitando se proceda conforme lo dispone el art. 160 y 165 de la Constitución Provincial, a fin de que esa Cámara proceda oportunamente a destituir a los mencionados funcionarios de sus cargos”.
“Adquiere una gravedad extrema por cuanto dicha violación se produce en la oportunidad justa, donde se aprovecha el momento en que numerosos jueces, dejan su cargo para acogerse al beneficio de la jubilación, y numerosos cargos de jueces, fiscales y defensores deben ser cubiertos ante la vigencia del nuevo Código Procesal Penal de Salta”.
En los fundamentos, el texto observa que “el plan sistemático en la forma de cooptación de jueces, fiscales y defensores, ha sido pergeñado por el Dr. Pablo López Viñals e instrumentado por el Dr. Guillermo Felíx Díaz en su calidad de presidente del Consejo de la Magistratura, junto a los demás integrantes de ese organismo, que de acuerdo a las pruebas que se analizarán revelan el grado de intervención que la Comisión Investigadora deberá analizar y precisar”.
En este marco, los denunciantes enumeran una serie de concursos en los cuales observan que “los denunciados y sus colaboradores actuaron con una total impunidad firmando o no firmando –por conveniencia-, tanto en la admisión como en la designación de postulantes relacionados con el Poder, familiares, amigos y allegados, excusándose tácitamente con suplentes, según la oportunidad”.
Es el caso del Concurso N° 138/14, para cubrir el cargo de Juez de Cámara Civil y Comercial Sala V. En el mismo, se presentan los postulantes Goméz Bello, Fiorillo Soledad y Hebe Samson. “Evidentemente estos tres postulantes tienen relación directa con los integrantes al ser el primero y el tercero, empleado con subordinación jerárquica y funcional directa y pareja respectivamente del Dr. Díaz, y Soledad Fiorillo, cónyuge del Dr. Pablo López Viñals”, agregó la denuncia.
De esta forma, el petitorio resaltó: "Hebe Samsón, pareja de Guillermo Félix Díaz, presidente del Consejo y hermana del juez de Corte Ernesto Samsón, se quedaría con la Sala Segunda de la Cámara Civil”, Soledad Fiorillo conyuge de Pablo López Viñals, que también logró un cargo en la Cámara Civil y Comercial".
“(…) es de extrema gravedad institucional, porque excede el mero interés individual de los postulantes y afecta a la comunidad toda, al permitir que los cargos a cubrir lo sean por personas allegadas al poder, a sus intereses, amistades o parentela, logrando de esta manera obstruir la independencia de los poderes de la República y distorsionando la democracia y la moral republicana para transformarla en una pseudo monarquía constitucional”, concluyó el escrito.