Por empezar, en el informe que acompaña a la última de las auditorias, a la
que tuvo acceso Diariojudicial.com, correspondiente al ejercicio
2000, la AGN dictaminó que, en dicho periodo, no se utilizó "ningún
sistema contable", con ausencia de "libros diarios, mayores, balances de sumas
y saldos y los estados contables".
También se determinó que "no se respetó la correlatividad numérica para la
emisión de cheques respecto de las órdenes de pago", al tiempo que se verificó
que había "ordenes de pago que no respetaban el cronograma de la fecha de emisión".
Ante estas irregularidades, la AGN recomendó "establecer circuitos que garanticen
adecuados niveles de control interno".
Además, se detectó que las ordenes de pago libradas "no incluyen las líneas
presupuestarias a imputar", que las mismas no eran generadas en forma "automática"
y que no poseían "numeración preimpresa", ni tenían "la firma del receptor".
Las criticas y observaciones a la implementación del proyecto, por el cual el Estado
suscribió un "crédito blando", (mediante el "Convenio de préstamo BIRF 4314-AR
Proyecto ARG/99/006"), con el Banco Mundial por 5 millones de dólares, no quedaron
solamente en el sistema contable y de registros, ya que se detectaron irregularidades
en relación a la registración de la compra de equipos, precisándose que
"la documentación de las adquisiciones no se encuentra archivada en sus debidos
folios", ante lo cual mencionaron que era necesario que las distintas compras
debían estar "adecuadamente documentadas".
Tampoco fue la excepción a las recomendaciones la presentación de los informes
financieros, ya que, en este punto, los auditores confirmaron que los correspondientes al cuarto trimestre del 2000 fueron presentados "fuera de
los plazos determinados".
Por otra parte, de los cinco millones de dólares del préstamo otorgado por
el Banco Mundial en 1998 para llevar a cabo el proyecto, sólo se invirtió hasta
el momento el 21,4 por ciento, cuando a esta altura se preveía la utilización
del 82 por ciento, una diferencia que supera los tres millones de dólares y
por la que debieron pagarse tasas de interés adicionales, al no cumplirse con los plazos previstos inicialmente.
¿Cómo se usó del dinero?
Expresado en montos de dinero, ese 21,46 % del crédito representa 1.073.000 de
dólares, cuando ya se tendría que haber aplicado un total de 4.100.000 de dólares,
lo que marca una diferencia de 3.027.000 de dólares que nunca se usaron y por los
que, como se dijo, se pagaron intereses a una tasa denominada Tasa de Compromiso,
con el que se gravan los fondos liberados por el Banco Mundial, si estos no son aplicados por los deudores a los proyectos comprometidos.
En el caso del Projum, esta tasa se calcula en un 0,75 por ciento anual de intereses por cada dólar liberado por el organismo. Hasta el momento se llevan pagados cerca de 27 mil dólares
en ese rubro y, si bien podría pensarse que no se trata de una cifra
muy elevada, se debe tener en cuenta que aún resta casi el 80 por ciento
del crédito por aplicar, por lo que su monto seguirá creciendo.
En tanto, en concepto de intereses comunes se pagaron unos 87 mil de dólares.
Este tipo de préstamo en su momento fue suscripto a partir de una tasa libre,
determinada según los cambios que presenta la economía de Estados Unidos.
Un proyecto ambicioso
El Projum, que comenzara en 1998, fue uno de los intentos por modernizar el Poder Judicial que cobró impulso a partir de la gestión del ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. En un comienzo el programa fue conducido por el ex secretario de justicia Jorge Pérez Delgado -reemplazado luego por Melchor Cruchaga-, junto al ex juez comercial y también ex consejero Javier Fernández Moores, con la dirección ejecutiva a cargo de Virginia Simari.
En la pagina web del proyecto, http://projum.jus.gov.ar/, se expresa que entre
los objetivos del ambicioso plan se destacan el diseñar y poner en operación
un nuevo modelo de gestión y organización de los juzgados para mejorar sus niveles
de efectividad de acuerdo con indicadores de control previamente definidos,
así como para estimular un proceso de modernización judicial que sirviera como
modelo para promover nuevas experiencias en el ámbito del Poder Judicial en
su conjunto.
El ámbito de aplicación del proyecto, quedó determinado entre los juzgados
de primera instancia Civil y Comercial 2 de Mar del Plata, de Resistencia (Provincia
de Chaco) los federales de Primera Instancia de la Seguridad Social, números
1, 8 y 9, los nacionales de en lo Comercial, números 5, 11 y. 15, y en lo Civil,
números 20, 46, 74 y 100, todos con sede en la ciudad de Buenos Aires.
La idea de llevar a delante el proyecto tomó forma a partir del 3 de abril
de 1998 cuando el directorio del Banco Mundial aprobó hacer efectivo un crédito
de 5.000.000 de dólares para realizar el mismo, cuyo costo fue calculado en
6.800.000, quedando en manos del Estado los casi dos millones de dólares que
restaban para llevar a delante el programa.
Esos dólares, que fueron en su momento girados por el organismo mediante un
programa de desembolsos, especies de cuotas que se entregan año a año, constituyen
una parte de la abultada deuda externa argentina.