16 de May de 2024
Edición 6967 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 17/05/2024

El Poder Judicial necesita mucha más plata para 2015

La Corte Suprema oficializó su presupuesto para el 2015. La Acordada dispone un total de 17 mil millones de pesos para el Máximo Tribunal y el Consejo de la Magistratura, seis mil millones más que el fijado para este año. Los jueces sostuvieron que “es necesario realizar modificaciones en la normativa vigente para establecer mecanismos que permitan lograr eficiencia y autonomía en la gestión presupuestaria”.

El Presupuesto de Gastos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el Ejercicio 2015, aprobado mediante la Acordada 29/2014 del 16 de septiembre de este año, fue oficializado este viernes por el Boletín Oficial. El Máximo Tribunal fijó en $ 17.149.679.640 la suma presupuestada entre Poder Judicial y Consejo de la Magistratura, casi seis mil millones más que los $11.576.851.994 establecidos para el ejercicio 2014, y más del doble de los $ 8.600 millones fijados para 2013.

Los gastos se dividen en $ 3.950.335.610 para la Corte Suprema, y $ 13.199.344.030 respecto del Presupuesto de Gastos del Consejo de la Magistratura para el ejercicio 2015, que fue aprobado por la Resolución nº 279/14 CM. El Alto Cuerpo había fijado en $2.847.860.251 sus gastos para 2014, y en $ 2.122.627.212 para 2013.

“Corresponde a esta Corte, en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Nación, establecer la previsión cualitativa y cuantitativa de las erogaciones consolidadas previstas para la jurisdicción, para el próximo ejercicio presupuestario, a los efectos de su comunicación al Congreso Nacional, conforme lo dispuesto en el art. 1° de la Ley 23.853”, señalaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

Al igual que en años anteriores, los magistrados se refirieron a los “techos presupuestarios” comunicados por el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Subsecretaría de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a los que calificaron de “insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de este Poder Judicial de la Nación”.

Los jueces detallaron que en rubros como recursos humanos “se ha previsto la cuantificación de los cargos existentes autorizados por este Tribunal que conforman su estructura funcional actual y su recomposición en las distintas áreas para atender las necesidades que surjan en función de los objetivos planteados”. Además, el presupuesto también incluye “los montos necesarios para realizar inversiones en materia de equipamiento, base de datos, programas y sistemas de seguridad”, de acuerdo con el Plan de Informatización para el Poder Judicial de la Nación.

El presupuesto también prevé otros rubros como la infraestructura del Poder Judicial de la Nación. A tal efecto, la acordada indicó que en la misma se contemplan los montos necesarios “para la adquisición de inmuebles destinados a diversas dependencias del Poder Judicial de la Nación y, para la construcción de dos nuevos edificios; uno destinado al Archivo General y distintas dependencias del Poder Judicial, y el otro con destino a albergar a la Morgue Judicial y al Cuerpo Médico Forense”.

Además, de ello “se consideran los requerimientos para la adecuación integral y refuncionalización de la Casa de Justicia y el traslado del servicio gratuito jurídico de la U.B.A., y de otros edificios existentes y para continuar con el plan de preservación y adecuación del Palacio de Justicia de la Nación, considerado monumento histórico nacional mediante Decreto Nº 349/99”. En lo que hace a las obras de infraestructura a realizarse por el Consejo de la Magistratura, el texto remite a las previsiones para el trienio 2015-2017.

Los jueces finalmente reiteraron su pedido al Ejecutivo Nacional de incorporar los aportes fijados en la Ley de Preuspuesto de la Corte, y concluyeron al respecto “que es necesario realizar modificaciones en la normativa vigente para establecer mecanismos que permitan lograr eficiencia y autonomía en la gestión presupuestaria”.



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