"No hay mejor instrumento para precarizar el trabajo, que el hecho de que haya muchos desocupados", precisó este lunes la presidente Cristina Fernández, mientras presentaba el proyecto de ley sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, mediante el cual se buscará reducir al 28%, en un plazo menor de dos años, el empleo sin registrar.
La iniciativa, que ingresó al Senado de la nación, busca paliar una de las situaciones de hecho que más crecieron durante la última década, que es el trabajo precarizado. Diferentes indicadores lo posicionan arriba del 30%, tal como lo reconoció el mismo Gobierno: "Un tercio de la población económicamente activa está precarizada, y esta es la gran lucha, tal como nos comprometimos con trabajadores y empresarios en Río Gallegos en agosto de 2013".
Pero el proyecto no ataca a los empleadores que promueven estas prácticas, sino que los atrae bajo diferentes ofertas de beneficios impositivos. En el primer año, se buscará regularizar la situación de 300.000 trabajadores, mientras que en el segundo esa cifra llegaría a los 650.000, facilitando al mismo tiempo la registración a 290.000 "microempleadores".
Los beneficios tendrán variaciones de acorde al tamaño de la empresa y se dividirán en distintos programas. El primer de ellos es un "régimen permanente de aportes", en el que se establece un descuento del 50% en las contribuciones de los empleados de las "microempresas" que tengan hasta cinco trabajadores.
En segundo orden, se encuentra el "régimen de promoción a la contratación": es un plan de 24 meses en el que se harán distinciones por cantidad de empleados. En las empresas que tengan hasta 15 trabajadores, durante los primeros 12 meses, se realizarán descuentos por contribuciones de hasta el 100% por cada nueva persona que ingrese. El segundo año los descuentos llegarán al 75%.
Las compañías de entre 16 y 80 trabajadores podrán obtener descuentos del 50% en las contribuciones patronales; y en las empresas de más de 80 empleados los descuentos llegarían al 25% en los primeros 24 meses.
A pesar de que no es una iniciativa que contemple sanciones graves para los empleadores que tienen trabajadores en negro, sí establece la creación de un "registro público de empleadores con sanciones laborales". "Cuando detectemos que un empleador ha violado las normas, o ha utilizado uno de los programas que hemos creado, va a perder todos los beneficios que recibe del Estado", comentó la primera mandataria.
Cristina Fernández también señaló que se destinarán "4.150 millones de pesos en beneficio de los empleadores". De esta cifra, el 65% será destinado a las microempresas para "facilitar la registración", y realizó un señalamiento al paro general del pasado 10 de abril al afirmar que "muchas veces llama la atención cuando uno no escucha con los principales reclamos que se mantenga la ocupación y en segundo término, se luche contra al precarización laboral que es un enemigo de todos los trabajadores".
dju
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.