La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 150º Período ordinario de Sesiones. Desde el organismo destacaron la participación de los estados miembros. Los detalles de este nuevo periodo de sesiones.
Del 20 de marzo al 4 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó su 150º Período ordinario de Sesiones. Durante estas sesiones se celebraron 55 audiencias públicas, así como 30 reuniones de trabajo sobre peticiones, casos y medidas cautelares.
Además, se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales y se avanzó en procesos de solución amistosa. “En el marco de las sesiones, la CIDH presentó dos informes de la CIDH, uno sobre las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia y otro sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas”, explicaron desde el organismo internacional.
“La Comisión aprecia la participación de representantes de Estados y peticionarios de Agentina, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Paraguay y Perú en reuniones de trabajo sobre la implementación de medidas cautelares vigentes”, sostuvieron mediante un comunicado.
Asimismo se avanzó en procesos de solución amistosa o en el cumplimiento de acuerdos previamente alcanzados, en peticiones y casos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Surinam.
“Las audiencias realizadas y los informes de casos aprobados en estas sesiones reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región”.
En este sentido especificaron que los casos analizados “se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, la independencia judicial, la justicia y la reparación para graves violaciones a los derechos humanos del pasado, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho a la libertad de expresión, la discriminación por motivos raciales o étnicos, por orientación sexual, por género y por identidad de género.
Así como “la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo, las víctimas de trata de personas, los desplazados internos, las personas en situación de apatridia, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad, y las personas con discapacidad, entre otros asuntos”, consignaron.
No obstante ello, la CIDH expresó su preocupación por “las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de autoridades estatales” ya que “los Estados democráticos no deben obstaculizar la participación en el sistema interamericano de derechos humanos a través de acciones previas, represalias o acciones de estigmatización”.