Si bien la discusión más importante y esperada por los medios y la opinión pública en general fue en torno a la denuncia radicada contra el juez federal Norberto Oyarbide por su actuación en una causa con un empresario allegad a un funcionario, lo cierto es que el Orden del Día de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura tuvo otros expedientes que recibieron tratamiento.
El primer caso que recibió una desestimación in límine a propuesta de la consejera titular de la Comisión, Ada Iturrez de Cappellini, fue el de los autos “Appiani, Jorge Humberto y Demonte, Cosme I. c/ Dr. Ríos, Leandro Damián (Juez Fed. de Paraná)”.
Appiani, militar y defensor de las presuntas “víctimas del terrorismo guerrillero”, llevó a cabo varias denuncias ante el Consejo en lo que, según un informe de la gobernación de Entre Ríos, constituyó una estrategia para dilatar la decisión de la Justicia en la causa “Área Paraná”, en la que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En este informe de la gestión de la Asamblea Legislativa entrerriana, también se precisó que el caso tiene una particularidad: está utilizando las normativas antiguas del Código Procesal Penal. Después de una decisión judicial, las 16 recusaciones llevadas a cabo por los ex militares fueron frenadas. A Ríos, concretamente, se le imputaba una falta de competencia en la materia, que por supuesto fue desestimada.
Otro expediente desestimado in límine fue el 1/14 de los autos “Soto Vargas, Juan José c/ Juzgado Federal de El Dorado (subrog.) y Cámara Federal de Posadas”, en un hecho que involucra una historia de violencia institucional (torturas y condiciones infrahumanas de vida) en una Unidad Penitenciaria de Misiones.
Soto Vargas es el padre de un joven que fue golpeado salvajemente por un grupo de policías que lo acusaron de generar una revuelta en la prisión. El hombre se llevó, como evidencia, la ropa ensangrentada de su hijo y utilizó eso como parte de las pruebas en el caso.
Otro expediente desestimado, esta vez a pedido de Daniel Ostropolsky, es el de los autos “CELA S.A. s/Act. Dres. Olga Pura Arrabal – Otilio Roque Romano y Julio Demetrio Petra”. Es un caso que tuvo gran repercusión mediática y fue conocido como la “Guerra de los casinos”, e involucró acusaciones que pesaron largamente sobre los magistrados hasta este momento.
En el caso se involucraron decisiones administrativas del Estado mendocino y la actuación de los jueces, lo que motivó la denuncia de parte de la firma que gestiona el Sheraton de esa provincia. El conflicto surgió por el 4% de su superficie que podían destinar al juego los hoteles de esa provincia. La normativa no era muy clara al respecto de esta situación, pero un decreto administrativo aclaró todo. Esto no impidió que las causas ante la Justicia siguieran su trámite.
Una serie de amparos buscaron impedir que los hoteles Sheraton, Diplomatic e Intercontinental extendieran el área de sus salas de juego, sin que importe la autorización estatal. Por eso CELA presentó una denuncia ante los jueces que habían permitido esta situación.
dju
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