La discusión sobre el rol del sector financiero y sus responsabilidades penales ha sido puesto de relieve en debates recientes, sobre todo a raíz de las acusaciones de parte del oficialismo en contra de los empresarios que han llevado a cabo aumentos desmedidos de precios o, en cambio, no respetaban los acuerdos a los que se había llegado en relación a los productos. Pero eso es solo por poner un ejemplo, ya que los delitos financieros van mucho más allá.
Teniendo en consideración esas cuestiones relativas a la coyuntura y los compromisos adoptados por el país a nivel internacional para perseguir estos delitos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) determinó la creación de dos nuevas dependencias: la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero y la Unidad de Recupero de Activos.
Esta iniciativa responde a un reordenamiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), ya que la ex Sección de Recupero de Activos del Área de Asistencia Técnica ahora cuenta con su propio espacio, que es la Unidad de Recupero. Por su parte, la ex Sección de Consultoría Técnica del Área de Asistencia Técnica es ahora la Oficina de Investigación.
Estas nuevas dependencias, además de colaborar con la PROCELAC, brindarán su asistencia a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de Violencia Institucional (PROCUVIN), de Combate de la Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de Crímenes contra la Humanidad.
El recupero de Activos es una iniciativa que fue largamente anunciada en diferentes encuentros con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el G20 y la Tercera Reunión de la Instancia Ejecutiva del Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la UNASUR.
Algunos de los objetivos de la oficina son “diseñar programas de acción dirigidos a incrementar la eficiencia en el recupero temprano; proyectar estrategias y protocolos de investigación para el recupero de activos de origen delictivo; proponer reformas legislativas en aras de hacer mas eficiente el recupero de activos y la administración de bienes durante el proceso” y generar “una base de datos con la información disponible sobre medidas judiciales”.
En relación a la Unidad de Recupero, su surgimiento partió de un compromiso a nivel regional para perseguir a los delincuentes financieros que operen en diversos países. Desde el organismo comandado por Alejandra Gils Carbó se precisó que muchas veces los peritajes contables y económicos resultan la medida fundamental en orden a la persecución de una persona o empresa.
Por eso este nuevo órgano tendrá a su cargo “el asesoramiento a los fiscales en causas complejas y sugerir medidas de prueba. Además, deberá elaborar informes y dictámenes económicos y contables, y podrá actuar como perito, a pedido de los representantes del MPF”.
dju
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