A pesar del debate sobre la posibilidad de que las competencias sobre delitos de “menudeo” o narcotráfico menor se mantuviera intacta, los integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia de la legislatura tucumana decidieron avanzar en la legislación vigente y, además de concretar el dictamen de adhesión a la Ley nacional de Estupefacientes, se acompañó el cambio en la normativa para sea la Justicia provincial la que se encargue de esta clase de hechos.
Esta iniciativa surgió a propuesta del Poder Ejecutivo provincial, y generó algunas suspicacias y dudas en el Poder Judicial tucumano: la inversión para poder adoptar los fueros a esta nueva normativa deberá llegar a los 200 millones de pesos para la adhesión a la normativa que rige a nivel nacional en la temática.
Además, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) recibió las quejas de muchos magistrados que afirmaron que no cuentan con los recursos humanos y materiales para hacer frente a los miles de casos de los que deberán hacerse cargo a partir de esta nueva legislación.
El proyecto prevé que a partir de 2015 se podrá perseguir, desde la Justicia provincial, a los “dealers” de los barrios. Si bien hubo acuerdos por varios puntos de la propuesta, la bancada de Tucumán Crece (que responden al Frente Renovador de Sergio Massa) decidió no brindarle su apoyo al dictamen oficialista, y se discutió la posibilidad que surjan nuevos dictámenes por minoría desde otros espacios políticos.
De todas formas, el proyecto no puede ser aprobado por el pleno de la legislatura sin antes contar con un dictamen de dos comisiones más: la de Salud Pública y la de Acciones Preventivas y Asistencia de las Adicciones. La mayoría en ambos órganos legislativos está conformada por oficialistas, pero Fernando Romano Norri (UCR) afirmó que buscará un pronunciamiento por la minoría.
El radical aseguró que “desde la UCR rechazamos la iniciativa y advertimos que la falta de consenso de la norma entre los principales actores del Poder Judicial podría agravar un problema crítico como es el avance del narcotráfico en Tucumán”.
“Lo que pretende el oficialismo es un parche improvisado que impedirá el desarrollo de acciones integrales para combatir a los narcos. Hace falta una política de seguridad que incluya atacar a los que comercian y producen droga en los barrios de toda la provincia. No servirá de nada tirarle la responsabilidad a los fiscales, cuando la Justicia está colapsada y la Policía (provincial) no está preparada para actuar contra el crimen organizado”, expresó el legislador.
dju
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