A fines del año pasado, los camaristas penales tucumanos Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano decidieron absolver a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la trata de personas. Eso sucedió el mismo día que se aprobaba una ley para combatir esta problemática en la Cámara Baja.
Por supuesto, las críticas no tardaron en aparecer, y mientras los magistrados defendieron su decisión, se llevaron a cabo muchas manifestaciones en todo el país. Una de ellas, la realizada en la Ciudad de Buenos Aires, contó con grandes enfrentamientos entre la policía y las personas que protestaban ante la Casa de Tucumán por el decisorio.
Pero además del rechazo de parte de grandes sectores de la sociedad, llegó otra difícil prueba para los camaristas: la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) avaló la conformación del jury de enjuiciamiento que determinará si dos de los jueces (Piedrabuena y Romero Lascano) pueden seguir en sus funciones en orden a su desempeño en el caso de Marita.
Al anunciar a medios locales la decisión del Máximo Tribunal tucumano, su titular, Antonio Estofán, destacó que “esta es la decisión de la Corte provincial, pero todavía queda la posibilidad del recurso extraordinario a la Corte de la Nación”.
En abril pasado la Comisión de Juicio Político de la legislatura de Tucumán decidió dar curso al pedido presentado en contra de los magistrados para que sean juzgados por su rol en la causa, un pronunciamiento que contó con el aval del gobernador José Alperovich, quien afirmó que no se constituyó ningún tipo de “avasallamiento de poderes”.
Se habían dado algunos cruces con el mandatario tucumano debido a que los integrantes de su bloque formaban parte mayoritaria de la Comisión que decidió dar curso al juicio.
En estos términos, Alperovich agregó que “estamos en democracia, yo no quiero hablar de otros Poderes, eso le corresponde a la Legislatura, que decidió acusar (a los magistrados). En estos diez años como Gobernador hemos acatado todos los fallos de la Justicia y vamos a seguir acatándolos, no hay ningún tipo de avasallamiento”.
Pero todo fue frenado por un amparo presentado por los jueces con varios señalamientos. Uno de ellos era que dos de los integrantes del Tribunal que los juzgaría eran Daniel Posse y René Goane, los elegidos de parte de la Corte tucumana para integrar el jury. Los camaristas apuntaron que estos dos magistrados también formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), y por ello no podían formar parte del órgano que los juzgaría.
Poco antes los integrantes de la Cámara Penal provincial habían brindado sus 600 páginas de fundamentos y los defendieron: alegaron que las evidencias y los testimonios recolectados por los accionantes no fueron suficientes en relación, de forma exclusiva, a acreditar que Verón haya sido prostituida por los acusados. Por lo demás, entendieron que se podía acusar de varios delitos a los imputados pero no en lo relativo al caso concreto.
“Este tribunal debe ajustarse a la imputación que es el secuestro y promoción de la prostitución de Verón. Este es un típico caso de trata de personas, pero no se acreditó que haya estado Marita entre ellas”, expresaron entonces.
dju
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