A fines del año pasado, desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) quisieron implementar, a modo de Plan Piloto, nuevos instrumentos que serán utilizados cuando se concrete la reforma del Código Procesal Penal provincial. Entre estas herramientas se encontraba la profundización del sistema acusatorio. Todas estas acciones se trataron de llevar a cabo a través de acordadas.
Esto generó un grave conflicto sobre las atribuciones del Máximo Tribunal tucumano para llevar a cabo estos cambios, que finalmente derivaron en causas judiciales, más precisamente, tres. Todas las presentaciones fueron realizadas ante el fuero Contencioso Administrativo, por lo que, para evitar fallos contrapuestos, se decidió acumular las tres causas.
Las acciones fueron iniciadas por el abogado Nicolás Brito, quien es asesor del legislador oficialista José Teri, uno de los primeros en realizar señalamientos con respecto a la iniciativa de la CSJT. El pedido de acumulación fue llevado a cabo por los defensores María Ballesteros y Ricardo Alderete.
Todos los reclamos que ahora son tramitados ante la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Tucumán son relativos a los cambios que la Corte provincial intentó introducir sin la discusión previa en la legislatura. Desde la CSJT manifestaron que la idea del Plan Piloto era recabar información para, precisamente, en el futuro contar con los datos suficientes para hacer un proyecto con buen sustento.
De todas formas, a pesar de los pleitos judiciales que ya están en proceso, se consensuó entre legisladores y jueces del Máximo Tribunal provincial la creación de una Comisión Interpoderes en la cual se discutirán los lineamientos generales del proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El presidente de la Corte tucumana ya dijo quienes serán los jueces que formarán parte del órgano.
Pero desde la legislatura aún no hubo una respuesta y el tema quedó relegado. Todavía no se sabe qué legisladores integrarán la Comisión, al mismo tiempo que desde el Poder Ejecutivo no designaron representantes, que serán enviados desde la Fiscalía de Estado.
Otro de los planes que quedaron en espera es el desarrollo de un informe previo al proyecto de parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que, también a través de una acordada, había sido contratado para llevar a cabo esta tarea. La idea era que pergeñaran una iniciativa en torno a la profundización del sistema acusatorio.
Mientras todavía se espera la decisión de la Justicia en torno a esta causa, los legisladores y representantes del Poder Ejecutivo siguen sin brindar los nombres de aquellos que serán designados para la Comisión Interpoderes. La reforma del Código Procesal Penal provincial sigue a la espera de su tratamiento.
dju
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