La discusión acerca de la brecha que hay entre los salarios más altos y los más bajos entre los empleados y funcionarios judiciales siempre está presente, tanto en los reclamos gremiales como entre las preocupaciones y debates hacia adentro del Poder Judicial. El enganche salarial fue una medida que buscó paliar esta situación de alguna forma, pero no fue suficiente.
Por eso, y en miras a acortar las diferencias de sueldo, el legislador chubutense Juan Luis Ale (FpV) presentó un proyecto de ley en el que se establece la incorporación de un “Adicional Fijo No Bonificable” a los ítems “sueldo básico” y “dedicación funcional”.
Con el acompañamiento de los legisladores Héctor Trotta, Exequiel Villagra, Eduardo Daniel, Javier Cisneros y Adolfo Mariñanco, la iniciativa expresa concretamente que el adicional mencionado se incorpore de forma paulatina al salario.
La novedad que trae consigo la iniciativa es que la incorporación del adicional se realizará calculando el monto en torno al índice salarial establecido para un ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), de modo que cada vez que se lleve a cabo un aumento de salario se recalcule el monto para los empleados judiciales en torno a esta cifra. De ahí el mecanismo paulatino.
La medida también tiene un efecto retroactivo, ya que como expresa en uno de sus artículos, “se deberá arribar a la total incorporación del referido adicional fijo que perciben en la actualidad los agentes del Poder Judicial, con la liquidación del mes de diciembre del año 2011”.
Entre sus fundamentos, la propuesta de Ale consigna que “el presente Proyecto de Ley tiende a reparar una situación de inequidad que afecta a los empleados del Poder Judicial, cuyos haberes deben necesariamente guardar una determinada proporción respecto de los que perciben funcionarios y magistrados, lo que a la fecha no se verifica en los hechos”.
El legislador recordó que el adicional que ahora se busca incorporar al salario había sido adquirido por los trabajadores judiciales a través de una ley sancionada en la provincia a fines de 2008, cuyo objetivo era lograr que la porcentualidad judicial consiguiera su equilibrio en orden a los aumentos que recibieran los empleados.
De esta forma, la brecha nunca se acortaba porque los aumentos que se brindaban también contaban con un aumento de las sumas fijas, y la porcentualidad no cumplía con su objetivo.
“Ello así toda vez que la proporcionalidad entre el monto otorgado, en principio, a las categorías superiores y la inferior es de diez a uno (10/1), ya que un ministro percibía como adicional la suma de pesos cinco mil ($5.000) y un auxiliar de maestranza la suma de pesos quinientos ($500). Al otorgarse incrementos porcentuales y trasladar los mismos a las sumas fijas, por lógica aritmética los haberes se van distanciando cada vez más, con lo que se destruye el sistema de porcentualidad que determina la normativa”, explica la iniciativa.
dju
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