Los diputados santafesinos Eduardo Toniolli y Gerardo Rico presentaron un proyecto de ley en el que plantean la creación de un Consejo de la Magistratura en el que todos sus integrantes sean elegidos por el "voto popular", y en el que entre sus miembros haya un cupo "para la ciudadanía". Un eco más del discurso presidencial.
“Democratizar la Justicia”, como afirmó la presidente Cristina Fernández en su discurso de inauguración de las sesiones legislativas de este año, parece ser la tarea. A partir de su alocución, los integrantes del Frente para la Victoria y los sectores afines al gobierno nacional tomaron nota y comenzaron a aparecer proyectos de toda índole en este sentido, proponiendo diferentes iniciativas en torno a la cuestión.
Tal es el caso de la provincia de Santa Fe, donde los diputados Eduardo Toniolli y Gerardo Rico (Movimiento Evita) presentaron un proyecto de ley mediante el cual pretenden crear un Consejo de la Magistratura en el que sus miembros sean elegidos íntegramente por el voto popular, a la vez que los consejeros serán los funcionarios del Poder Judicial y, como novedad, habría un cupo para la ciudadanía.
Toniolli, por su parte, señaló que el organismo se encargaría de la selección de jueces, fiscales y defensores, aunque “no sería un órgano disciplinario, ni podría disponer destituciones, fundamentalmente debido a limitaciones impuestas por nuestra Constitución Provincial”.
El legislador consignó, además, que en la actualidad “la participación de algunos actores del ámbito judicial en el proceso de selección se limita a aportar jurados para los concursos”, y la de la ciudadanía en general “directamente no está contemplada”.
En este sentido, el diputado por el Movimiento Evita destacó que “la selección tanto de los Consejeros de los estamentos, como de los Consejeros que no pertenezcan a ninguno de ellos, se realizará por intermedio del voto popular en elecciones generales”, como quedó consignado en su iniciativa.
Al justificar la propuesta, Toniolli destacó que “tiene en cuenta los principios de publicidad, transparencia, derecho a la información, idoneidad, imparcialidad, y – fundamentalmente – de participación ciudadana”, de forma que la sociedad civil forme parte de “la democratización no sólo del acceso, sino también del funcionamiento y monitoreo de los ámbitos judiciales”.
Por su parte, Gerardo Rico manifestó que “veníamos trabajando el proyecto con distintos actores relacionados a la temática, y recogiendo inquietudes de instituciones gremiales que impugnan los mecanismos de selección vigentes”.
El diputado provincial, además, especificó dónde surgió la principal motivación para su propuesta: “La decisión de Cristina Kirchner nos convenció de que era el momento propicio para instalar esta discusión en nuestra provincia, en el marco del gran debate nacional abierto”.