El gobierno de Chaco anunció en 2010 la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra las designaciones de tres integrantes del STJ provincial: Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo. Ahora la Cámara baja aprobó una “expresión de apoyo y adhesión” al reclamo del fiscal de Estado.
En 2010 el Poder Ejecutivo de la provincia de Chaco anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra las designaciones de los integrantes del STJ provincial Ramón Ávalos, Ricardo Franco y Rolando Toledo. El pasado 25 de octubre, a casi dos años del anuncio la Cámara de Diputados provincial aprobó una “expresión de apoyo y adhesión” a la presentación judicial promovida por el fiscal de Estado.
Y ahora los integrantes del máximo tribunal provincial implicados en la acción de inconstitucionalidad salieron al cruce de estas adhesiones y sostuvieron que “la mencionada adhesión es un nuevo acto de agresión con intencionalidad netamente política” ya que “ni la Cámara de Diputados del Chaco, ni los diputados que la integran, son parte en la causa judicial”.
En un comunicado difundido en las últimas horas los magistrados explicaron que “lo más demostrativo de la falta de importancia que en la realidad judicial tiene dicha acción de inconstitucionalidad, es que a casi dos años y media de iniciada, aún no se ha notificado el traslado de la demanda a ninguno de los tres jueces demandados”.
Lo que “habla claramente de que en el fondo, se trata de un nuevo ataque meramente político”, consigna el comunicado de los magistrados. Se trata del Expte. N° 69.122/10 del Superior Tribunal de Justicia ad hoc.
Los jueces explicaron, además, que “existe una Ley específica que rige dicha selección y designación de los Jueces del Superior, sin concurso de antecedentes y oposición; la Ley 5.399, que mantiene su vigencia sin que haya sido modificada ni derogadas, la que instauró un sistema parecido al existente en el orden nacional para los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Asimismo, los magistrados sostuvieron que la propia Cámara de Diputados tiene desde el año 2008, “varios proyectos de ley para determinar el sistema de selección y designación de Jueces del Superior Tribunal de Justicia, sin que nunca se haya sancionado ni aprobado ninguno de ellos”.
En el año 2010, al momento de los anuncios de la presentación de la acción de inconstitucionalidad, DiarioJudicial.com dialogó con Rolando Toledo, quien sostenía: “Nosotros somos constitucionales, y además fuimos nombrados por el Consejo de la Magistratura y a través de las leyes que estaban vigentes” al tiempo que agregaba que “ningún proceso civil o de acción de inconstitucionalidad puede suplir el único camino que tiene la Constitución nacional y provincial que es el juicio político”.