El estudio se realizará en función de la resolución 150 del Máximo Tribunal bonaerense, aprobada en el Acuerdo del 13 de febrero último.
Según se informó, el objetivo es desarrollar acciones preventivas y propiciar mejoras en el funcionamiento de aquellos órganos y dependencias en las que se advierta un desempeño que sea, en promedio, inferior a los restantes.
Para el desarrollo de estas actividades se han calculado indicadores que permiten tener una primera aproximación acerca del desempeño de órganos y dependencias.
En ese sentido las variables a estudiar serán las de la duración global de los trámites, el nivel de congestionamiento, la cantidad de causas resueltas y la relación entre estas y la cantidad de causas iniciadas, con sus correspondientes comparaciones a nivel departamental y provincial.
Dichos indicadores han sido utilizados con eficiencia en otros países y desde hace algún tiempo se vienen calculando en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires a nivel experimental.
Experiencias similares ya han sido implementadas por los Poderes Judiciales de las provincias de Córdoba y Salta.
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