30 de Abril de 2024
Edición 6956 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/05/2024

Crean comisión asesora contra el "cibercrimen"

A través de una resolución conjunta, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia crearon una comisión multidisciplinaria para hacer efectiva la lucha contra los delitos por internet. También implementarán un “tratamiento de la evidencia digital”.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial una resolución conjunta mediante la cual la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia dispusieron la creación de “La Comisión Técnica Asesora en materia de Cibercrimen”.

En concreto, se trata de las resoluciones 866/2011 y 1500/2011, que disponen la creación de dicha Comisión multidiscilinaria que “desarrollar y formular una propuesta en relación con aquellas cuestiones procesales que se requieran para hacer efectiva la lucha contra el cibercrimen y el tratamiento de la evidencia digital”.

Para ello, la Comisión dispondrá de 90 días donde además deberá evaluar “otras herramientas, normas y medios necesarios para el logro de ese objetivo”, y presentar un informe de avance de las actividades que realice a los 45 días.

La Comisión asesora estará integrada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2  de San Martín, Daniel Petrone; el fiscal de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz; los abogados especialistas Marcos Salt y Pablo Palazzi.

En tanto que por el lado de la Jefatura de Gabinete, integrarán la Comisión, Gabriel Casal y Fernando Maresca, asesores de la Subsecretaria de Tecnologías de Gestión de la Jefatura; y por parte del Ministerio de Justicia, Norberto Frontini, quien se desempeña como asesor de Política Criminal de dicha cartera.

La creación de esta Comisión está inspirada en Convenio sobre Cibercriminalidad (Convenio de Budapest) firmado el 23 de noviembre de 2001 en la capital de Hungría, y al que se adecuó la legislación argentina a partir de una reforma al Código Penal en 2008.

Se trata de la Ley 26.388, sancionada en junio de 2008, que incorporó al Código Penal “un conjunto de delitos vinculados con la criminalidad informática”, lo que facilitó el acceso de la Argentina al Convenio de Budapest en marzo del 2010.

 

 

 



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