Durante el encuentro –que tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte-, se tratarán asuntos vinculados con el alojamiento de menores en conflicto con la ley penal; los que están detenidos en comisarías y, en definitiva, “la situación de grave riesgo moral, físico y psíquico en que se coloca a aquellos que se encuentran bajo tutela estatal al no materializarse el alojamiento correspondiente”.
Asimismo, se abordarán las condiciones incompatibles con los Derechos Humanos de los jóvenes privados de libertad; regularización económica de los establecimientos afectados a la protección de menores, muerte de menores tutelados en presuntos enfrentamientos e institutos transformados en centros de admisión penal.
También formará parte de la agenda la preocupación ante los hechos de violencia institucional que violan normas internacionales relativas a los derechos humanos en detrimento de menores bajo Patronato.
Cabe consignar que hacia fines del año pasado, la Suprema Corte bonaerense denunció al menos sesenta casos de muertes de menores tutelados, lo que motivó una fuerte repercusión institucional que derivó con la renuncia del entonces ministro de Seguridad, Ramón Verón.
De los sesenta casos, se concluyó que cuatro de ellos eran en presuntos enfrentamientos con la policía, en el norte del gran Buenos Aires, situación que llevó al Procurador Eduardo de la Cruz a iniciar una intensa investigación.
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