La medida fue tomada por el juez de primera Instancia del fuero Roberto Torti y dada a conocer mediante una gacetilla de prensa del mismo tribunal, procediendo a intimar al director legal de la obra social de los jubilados y pensionados bajo la amenaza de que sino se hacía lugar a la manda judicial pasaría la causa al ámbito penal ya que según estimó se estaría cometiendo el delito de “desobediencia”.
El magistrado tomó la decisión en el marco de un amparo que presentó ante su juzgado Rodolfo Gramont, beneficiario del PAMI que por dos ocasiones debió someterse a un transplante de hígado y riñones.
Gramont se presentó ante la justicia dado que la obra social no le hacia entrega de la medicación ni de los estudios clínicos que su médico de cabecera le había indicado dado su complejo cuadro de salud.
En un oficio, que fue librado al representante legal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Torti exhortó que se debe garantizar y asegurar de manera efectiva la entrega de Caelyx 20 miligramos, Ganciclovir 250, Bago B1, B6, B12, Mistatina, Bactrin Forte, Leucogorina, Gammaglobulina Hiperinmune para virus B y Neupogen 300 a Gramont.
Además, reclamó que al paciente se les practiquen los estudios PCR virus C y ADN virus B, tal como fue solicitado por los “médicos tratantes”, análisis que necesita dado su delicado cuadro de salud.
dju / dju