Cinco para triunfar

En diálogo con Diariojudicial.com fuentes cercanas a la Comisión de Selección indicaron que, tal como lo adelantara este medio, los cinco elegidos para ocupar las ternas son Diego García Berro (secretario de cámara), Javier López Biscayart (abogado), Carolina Robiglio (fiscal), María Verónica Straccia (secretaria de primera instancia) y Rafael Caputo (secretario de primera instancia). Así el estratégico tercer lugar le fue asignado a la fiscal Robiglio, una reconocida funcionaria que llegó a ese cargo luego de ser secretaria de primera instancia en el mismo fuero penal económico.

Las mismas fuentes indicaron que fueron elegidos cinco postulantes dado que se deben ocupar tres cargos de juez, por lo cual se debe hacer una terna por cada uno de los lugares disponibles. Eso quiere decir que el primer trío lo conformaran Garcia Berro, López Biscayart y Robiglio, y a medida que se vayan ocupando las vacantes se irán incluyendo los restantes postulantes, entrando Straccia en la segunda terna y Caputo en la tercera.

Asimismo, los voceros adelantaron que este orden aún no es definitivo dado que el dictamen debe tratarse en el próximo plenario del Consejo, a celebrarse dentro de quince días.

De prosperar, las ternas serán elevadas al Poder Ejecutivo donde con acuerdo del Senado se irán eligiendo los jueces para el nuevo fuero, que aún tiene todos sus puestos vacantes.

El último jueves, la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura entrevistó a los nueve candidatos mejor posicionados (otros dos decidieron no presentarse) y de ese acto salieron los cinco candidatos.

La creación del fuero Penal Tributario fue dispuesta por el Congreso Nacional al comenzar la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa, y su puesta en funcionamiento fue parte de la promesas vertidas al abrirse las sesiones ordinarias del año último, junto con la creación de un Ministerio Anticorrupción.

El objetivo del mismo era ampliar la alicaída recaudación fiscal aún antes de que comenzara la política de déficit cero. Sin embargo, en su acotado mandato, De la Rúa decretó dos amnistías para infracciones tributarias (cerca de 25.000 multas y clausuras que fueron condonadas) y posteriormente el Congreso sancionó una amnistía para delitos tributarios, que generara el archivo de una considerable cantidad de causas por evasión, sin considerar el monto en cuestión.

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