El departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO), fue el encargado de expulsar a la comunidad. Con la presencia del abogado de Fisher, el oficial de Justicia del multifuero de Villa la Angostura y del Secretario de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Guillermo Pellini, el DESPO desalojó a tres familias mapuches de sus casas. La resistencia de las familias fue superada por la violencia policial. Luego, grupos de civiles, cargaron las pertenencias de los desalojados en un camión y cortaron y trozaron con motosierras sus casas.
Esto derivó, entre otras cosas, en un pronunciamiento de la Asociación Americana de Juristas en el que exigen “el inmediato cese de la criminalización, hostigamientos, represión, y despojo de la comunidad Paichil Antriao, por parte de las autoridades locales y policía de la provincia del Neuquén, incluyendo la ‘desmilitarización’ de la zona”.
“Los primeros desalojos empezaron en 2007 cuando a través de un vacío jurídico y falta de asistencia a los pobladores mapuches se emitió una sentencia de desalojo que ordenó el abandono de la tierra por parte de sus habitantes en un plazo de 15 días” agregan y acotan que la sentencia se encuentra firme “ya que la comunidad fue impedida de ejercer el legítimo derecho de defensa”.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió una nota al Estado Argentino para que informe sobre “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados” por la comunidad. Así como también de “los desalojos de la comunidad que se estarían llevando a cabo en desconocimiento de la ley” y “el estado de la revisión territorial para formalizar la titularización de la comunidad mapuche por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”.
Por su parte, el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, recordó que se están violando “los derechos humanos y el derecho de los pueblos originarios. Las tierras pertenecen a José María Paichil e Ignacio Antriao, quienes fueron desalojados por la fuerza policial con violencia destruyendo sus viviendas y militarizado la zona para proteger a un empresario norteamericano quien dice haber comprado las tierras”. Reclamando al gobernador de la provincia, Jorge Sapag “la inmediata restitución de las tierras” a la comunidad mapuche.
Sobre el gobernador, también pesa una denuncia presentada por la Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM) en el INADI (Instituto Nacional contra la Xenofobia, el racismo y la discriminación) por discriminación. En la misma, además están denunciados otros funcionarios provinciales, incluido Jefe de Policía; contra el Juez de Multifueros de la Justicia de Villa La Angostura (4a. Circunscripción) Videla, y contra Fisher.