Luego de evitar el juicio oral y público y haberle concedido la probation en la causa penal, la cuestionada jueza Parrilli sufrió un duro revés. Es que por siete votos contra dos, el Consejo de la Magistratura porteño dispuso enviarla a juicio político en el expediente caratulado “SCD s/denuncia efectuada por el Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA”.
Durante una sesión extraordinario, que se extendió por más de tres horas, los consejeros Liliana Blasi, Nelida Daniele, Julio De Giovanni, Eugenio Cozzi, María Teresa Moya y Gabriel Vega, y Mauricio Devoto, este último presidente del organismo, votaron a favor de enviar a juicio político a la jueza.
Por su parte, los consejeros Horacio Corti y Juan Pablo Mas Velez se pronunciaron a favor de aplicarle una sanción disciplinaria.
Ahora, el próximo viernes se sorteará quienes integrarán el Jurado de Enjuiciamiento, conformado por tres abogados de la matrícula, tres legisladores en ejercicio y tres jueces, uno de ellos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño y quien presidirá dicho Tribunal. Una vez integrado, el Jury decidirá si suspende en sus funciones a Parrilli.
Luego, una vez constituido el jurado, el Consejo tiene un plazo de cinco días para presentar la acusación contra la jueza Parrilli. Para dicha función, fue votado el consejero y presidente de la Comisión de Acusación y Disciplina, Gabriel Vega.
Al ser presentada formalmente la acusación, el Jury contará con un plazo máximo de 90 días para expedirse y resolver si remueve de su cargo a Parrilli.
Las actuaciones contra Parrilli en el Consejo se iniciaron tras una presentación efectuada por el mismísimo ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien paralelamente la denunció ante la Justicia.
Tras ello, los tres consejeros que integran la Comisión de Disciplina y Acusación se pronunciaron en forma unánime por enviar a Parrilli a juicio político, dictamen que hoy fue avalado por la mayoría del Plenario.
En el día de ayer, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Norberto Circo le concedió la probation a Parrilli, y así evitó ir a juicio oral y público, aunque dicha resolución –según adelantaron las fuentes – será apelada por el fiscal Angel Carestía.
La probation consiste en realizar durante un año y medio tareas comunitarias no remunerativas en Caritas – por cuatro horas semanales- y abstenerse de conducir vehículos por el mismo plazo.
Además, el juez consideró apropiada la oferta pecuniaria hecha por Parrilli de indemnizar con 5 mil pesos a cada una de las empleadas (Rocío Gómez Y María Itatí Albe), quienes fueron víctimas del maltrato por parte de la magistrada.
dju / dju