08 de July de 2026
Edición 7491
Próxima Actualización: 09/07/2026
El mismo quedó radicado en el juzgado contencioso administrativo federal N° 5, a cargo de la doctora Susana Haydeé Córdoba. El 24 de mayo de este año, Poder Ciudadano solicitó a la Secretaría Administrativa del Senado las declaraciones patrimoniales de los años 1999 y 2000 de los senadores y ex senadores. Según informaron voceros de esa institución “a pesar de que tal como estipula la ley de ética en la función pública (25.188), las declaraciones tienen carácter público, esta secretaría denegó la información. Adujo que, como aún no había sido creada la Comisión de Ética Pública, encargada de registrar las declaraciones patrimoniales de los legisladores, el pedido debía hacerse a cada senador en particular.”
A continuación, Poder Ciudadano solicitó las declaraciones patrimoniales a cada uno de los senadores pero, ante el pedido puntual, los legisladores consultados alegaron que sus declaraciones ya habían sido presentadas ante la Secretaría Administrativa. De todas maneras, sobre un total de 69 legisladores, aceptaron informar sobre su patrimonio los senadores Jorge Agundez, Juan Carlos Altuna, Eduardo Angeloz, Eduardo Arnold, Antonio Cafiero, Pedro del Piero, Raúl Galván, José Genoud, Mario Losada, Juan Carlos Loza, Alberto Maglietti, Susana Martínez Pelaéz, Javier Meneghini, Luis Molinari Romero, Leopoldo Moreau, Liliana Negre de Alonso, Juan Romero, José Antonio Romero Feris, Felipe Sapag, Roberto Ulloa, Horacio Usandizaga, Omar Vaquir y Pedro Villarroel.
Carlos March, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, manifestó que “este amparo demuestra que en Argentina sobra demagogia legislativa y falta voluntad política de cumplir las leyes. La ley de ética pública dice claramente que las declaraciones patrimoniales son públicas. Sin embargo, el Senado demuestra que los representantes tratan esa información como si fuera privada. El otro punto central es que la misma ley dispone la creación de la Comisión de Ética Pública y paradójicamente, el Congreso, que es quien sancionó la norma, es el primero en violarla".
dju / dju