Este viernes se presentaron ante la comisión de disciplina y acusación, las dos empleadas increpadas y discriminadas por Parrilli, y los testigos del hecho, un cajero y un agente, que también pueden ser vistos en el video que destapó la escena de la funcionaria. Solamente se les tomo declaración para que el próximo martes a las 14 horas en la reunión de comisión ya se puedan tener en cuenta estas declaraciones y se continúe con el proceso.
En el Consejo existen dos denuncias, una del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y otra del INADI. El organismo tiene sesenta días para expedirse y definir cómo encuadra los hechos denunciados. La conclusión del este proceso va desde una sanción disciplinaria hasta la conformación de un jury para evaluar su destitución.
La postura del INADI expresa que las expresiones que tuvo la magistrado, como ser “todas morochas, ni una rubia contratan”, “constituyen una nueva forma de racismo que es analizada en el Plan Nacional contra la Discriminación, aprobado en el año 2005. Se trata de un racismo mucho más social, ligado a un paradigma estético que se asume como universal, como modelo a alcanzar”. Para el INADI “este racismo aparece como más sutil y margina más o menos a los mismos de siempre, pero con una argumentación que parecería más natural, producto del `gusto´ y no de la ideología”.
En cuanto a la causa que lleva adelante la Justicia Penal y Contravencional de la ciudad, Ángel Carestía, titular de la fiscalía Nº 6, luego de que esta semana prestarán declaración las empleadas de transito y los dos testigos, citó a indagatoria a Parrilli para el próximo jueves. Asimismo, imputó a la magistrada por amenazas y discriminación.
Estas contravenciones están penadas, por ejemplo en el caso de discriminación con una sanción de dos a diez días de trabajo comunitario y con una multa de 400 a 2000 pesos. Mientras que, amenazas, se encuentra penado con uno a cinco días de arresto y además de trabajo comunitario y una multa de 200 a 1000 pesos.