Con el objetivo de garantizar la prosecución y el avance de los procesos que investigan casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en Misiones durante la última dictadura militar, la Cámara de Representantes de la Provincia aprobó la creación de una “Comisión de Seguimiento de Juicios por la Verdad”.
El proyecto fue presentado por la diputada del Frente Renovador Sandra Montiel con el apoyo del presidente de la Cámara, Carlos Rovira. La comisión estará compuesta por cinco legisladores, tres oficialistas y dos de la oposición, que se abocarán a controlar el desarrollo de los juicios y realizarán acciones legislativas tendientes a reivindicar los derechos humanos en la Provincia.
La comisión podrá pedir informes escritos e incluso convocar a su seno a funcionarios judiciales para que informen sobre el avance de las causas. En tanto que con el mismo fin podrán ser invitadas ONGs y personas vinculadas con los hechos investigados.
Según los números de la CoNadep, en Misiones hay 59 desaparecidos y son 50 las causas penales iniciadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Todas ellas tramitan en el juzgado Federal de Posadas, a cargo de Ramón Chávez, y según el texto de la ley “hoy presentan en relación con otras provincias, escasos avances que resultan preocupantes”.
En los argumentos del texto aprobado, la diputada Montiel agregó que las causas apuntan tanto al juzgamiento de los responsables de las violaciones a los derechos humanos como a conocer dónde fueron enterradas las víctimas. El primer expediente se inició en la Provincia en 2004 y por la cantidad de denuncias y testimonios que se le fueron sumando, se convirtió en un “mega causa” de 150 mil fojas.
“Es fundamental actuar con celeridad para garantizar el acceso real a la verdad y la justicia por la cual esperan varias familias hace ya treinta años”, se lee en el proyecto, que también considera necesario el avance rápido de los procesos en razón de la edad avanzada de los imputados, de las víctimas y de los familiares que pueden declarar en el proceso.
Durante el gobierno de facto que estuvo al frente del país entre 1976 y 1983, más de 500 centros clandestinos de detención funcionaron en todo el territorio argentino como centro de operaciones para reclutar desaparecidos y aplicar torturas y tormentos. En los archivos oficiales constan más de 14 mil denuncias de desapariciones y se estima que por cada una de ellas hay dos que no se hicieron.
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