El director ejecutivo de la Anses, Amado Boudou, ratificó que apelará el fallo que ordenó que se extienda el incremento de haberes a casi 1,2 millones de jubilados y pensionados. Fue en el marco de una causa colectiva presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Boudou alegó que recurrirá el pronunciamiento porque “atenta contra el sistema previsional nacional, y no aporta más beneficios de lo que ya otorgamos a los jubilados". El funcionario destacó además que "el 85 por ciento de los jubilados ha recibido aumentos muy superiores a los que marcaba el caso Badaro, ya que por ejemplo la mínima en los últimos años ha aumentado un 380 por ciento". Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación, criticó esta decisión y afirmó que no existe un fundamento económico para tratar de impedir que se cumpla el fallo judicial, porque la Anses cuenta con recursos propios para afrontar estos compromisos.
El Gobierno porteño apeló el aval judicial a las carpas
(Texto completo del fallo de la jueza López Vergara, apelado por el Gobierno de la Ciudad)
El procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, apeló los dos fallos de la Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteña que esta semana avalaron la instalación de las carpas en la plaza de los Dos Congresos. Tonelli remarcó que los recursos se mantendrán porque “no aceptamos esta intromisión de los jueces en algo que es privativo del Ejecutivo”, aunque admitió que “somos conscientes de que para cuando se resuelvan las apelaciones ya van a haber levantado las carpas y se va a haber solucionado lo de las retenciones”. El martes pasado el juez Roberto Gallardo autorizó la instalación de las carpas en respuesta a la orden de desalojo pedida por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, a la Policía Federal. Luego el jueves, la jueza Patricia López Vergara confirmó el aval asegurando que las instalaciones cuestionadas “no tienen irregularidades”.
Dejan la Justicia dos camaristas federales y un defensor oficial
El Gobierno Nacional aceptó la renuncia de dos camaristas federales del interior y de un defensor público oficial del país interior del país. Se trata de Arturo Pérez Petit y Carlos Muller, ambos magistrados de la Cámara Federal de General Roca, Río Negro; y Alfredo Zenobi Vexenat, defensor público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa. Las tres dimisiones comenzarán a operar a partir del 1 de julio y fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
Quedó firme el procesamiento del funcionario que atropelló a 24 personas
El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz declaró mal concedido el recurso de casación a Daniel Varizat y confirmó su procesamiento por atropellar, el pasado 17 de agosto de 2007, a más de 20 personas. El imputado está acusado del delito de lesiones graves reiteradas en 3 oportunidades, lesiones leves reiteradas en 12 hechos en concurso real con lesiones graves reiteradas en 2 hechos, y lesiones leves reiteradas en 7 oportunidades. El tribunal oral deberá fijar ahora la fecha para el debate al que el funcionario llegará en libertad.
Para Scioli, un registro evitaría la reincidencia
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, defendió la creación de un registro de violadores condenados porque entiende que sería un medio para evitar la reincidencia de este delito, característica fundamental de estos casos. Advirtió, sin embargo, que su confección debería respetar las garantías constitucionales. Sus expresiones fueron difundidas luego de conocerse un caso en el que una menor de 11 años fue atropellada, violada y quemada en la ciudad de Coronel Dorrego. El jueves la agrupación Madres del Dolor realizó una manifestación frente al Congreso para reclamar que se traten proyectos que proponen la creación de este organismo y que están pendientes en la Cámara de Diputados desde el 2000.
50 por ciento más positivos
El senado de Rumania aprobó un proyecto de ley que obliga a los noticieros televisivos y radiales a incluir dentro de su espacio al menos un 50 por ciento de noticias positivas. Según los diputados impulsores de la medida, el contenido de las noticias de violencia y agresión, genera un estado depresivo en el público. La Unión de Periodistas de Rumania incitó al Presidente, Traian Basescu, a no firmar tal ley porque sostienen que este tipo de legislaciones caracterizan a los Estados que sufren dictaduras. El primer ministro de Rumania, Calin Popescu Tariceanu, también se manifestó en contra de la propuesta.