¿Hacia el fortalecimiento de la Justicia o hacia el Estado policial?

La Legislatura mexicana aprobó un nuevo sistema de justicia que, entre otras cosas, incorporaría la figura del juicio oral. A su vez, es altamente cuestionada por la aprobación de allanamientos a viviendas sin orden judicial. La medida fue aprobada por Diputados, por lo que falta el aval de la Cámara Alta para que el presidente Felipe Calderón la promulgue.

Si bien a pocas horas de aprobarse se añadió una cláusula que exige presentar fundamentos judiciales que justifiquen un allanamiento luego de efectuada la intromisión, muchos creen que dichas inspecciones violan los derechos humanos y las garantías individuales.

Pese a que resulte un avance positivo el ingreso a la Carta Magna mexicana la herramienta del juicio oral (que es utilizada en cada vez más países que imitan el modelo estadounidense como referencia), la medida que permite los allanamientos le amplía las facultades a la Policía en términos ampliamente cuestionados por especialistas en derechos humanos y seguridad.

Luego de diez meses de divergencias, la Reforma del Sistema de Justicia Penal de México, contempla la modificación de casi 20 artículos, entre los que validará que se utilicen como prueba en un proceso los llamados telefónicos. La votación se realizó con 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones.

En cuanto a los allanamientos sin orden judicial, contemplados para aquellos casos en que exista amenaza inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, el presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia afirmó que "este es el comienzo de un estado policial".

Muchos opositores a la reforma entienden que este proyecto pone por encima de los derechos de las personas y las libertades humanas, el combate del delito. Resta saber si convertido en ley, el proyecto brindará soluciones o por el contrario, violará mayores garantías.

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